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Con el fin de salvaguardar el derecho que tienen los internos a comunicarse en las cárceles, la Corte Constitucional ordenó que en un plazo máximo de seis meses, tanto el Ministerio de las TIC como el Inpec, tendrán que mejorar los sistemas de comunicación y telefonía.
La idea es que se implementen los cambios necesarios para garantizar estos servicios al interior de las cárceles del país. Según el fallo, se debe posibilitar la entrada de llamadas "ajustando económicamente a las ofertas del mercado y a las condiciones económicas de los reclusos".
Pero se debe hacer un control adecuado para evitar el surgimiento de actividades ilícitas, que se pueden realizar por vía telefónica. Porque las tarjetas prepagadas se usan constantemente para extorsionar a las personas desde las cárceles.
El proyecto tendrá un valor de $1 billón y será concesionada a 30 años. Tres firmas fueron preseleccionadas para su evaluación
Naturgas apuntó que la disminución del gas reafirma la necesidad de implementar políticas públicas para incrementar la oferta
De acuerdo con los cálculos de la entidad, el recaudo logrado hasta la fecha suma $136 billones, apenas 48,7% de lo esperado