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La reciente auditoría de Deloitte, puso en duda la entrada en operación del proyecto para 2022. Se subirían los precios de energía
La admisión de la Superintendencia de Sociedades en el proceso de reorganización de dos de las empresas pertenecientes al Consorcio CCC Ituango, (Coninsa y Conconcreto), deja más abierta la posibilidad de que el país sufra problemas en el sistema de abastecimiento energético, por lo que una de las consecuencias, de llegar la situación a un punto de insolvencia y quiebra, sería el aumento en los costos de generación y de tarifas, tanto para el mercado regulado, como para el no regulado.
Adicionalmente, se empieza a cuestionar aún más si la fecha de entrada en operación para las dos primeras turbinas del complejo sería a mediados de 2022, como está previsto en el cronograma.
Después de proferir el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones por parte de la Contraloría General de la República, la situación parece ser aún más comprometedora para el futuro del proyecto que espera aportar 17% del total de la matriz energética nacional.
Así, una reciente auditoría de Deloitte afirmó que los daños generados en la contingencia del 28 de abril de 2018, han llevado a un atraso de 283 días, lo que afectaría la curva de cumplimiento real del proyecto.
El informe de la auditora agrega que si bien se logró la renovación de los contratos, al 31 de diciembre de 2021 “consideran que en caso que exista un cambio en el constructor de obras civiles, no sería posible cumplir con el cronograma”.
Varios expertos expusieron lo que pasaría en caso de que los contratistas se declaren en quiebra, y cómo esto repercutiría en el SIN.
Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, manifestó que el costo de generación podría aumentar entre 20% y 30%, aspecto que podría reflejarse en un alza tarifaria de 5%, además de las restricciones que esto ocasionaría al SIN que, entre otras cosas, tocaría directamente los precios en la Bolsa de Energía de Colombia ante un eventual estrés del sistema.
“Hidroituango se requiere para que haya menores tarifas, para la energía en firme y para que el sistema no esté tan vulnerable a fenómenos climático como el Niño”, dijo Fonseca.
Sin embargo este no sería el único inconveniente. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, afirmó que también está en vilo la seguridad energética, puesto que en el evento de una parálisis o retraso del proyecto, EPM se vería forzada a reabrir un proceso de búsqueda para una nueva ejecución de la obra, lo que resultaría en una demora adicional de meses o años.
Allí coincidió con José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, quien expresó que la empresa antioqueña debería, en caso de cambio de contratistas, implementar un programa acelerado para evitar retrasos.
Sin embargo, Alberto Zuleta, socio del área de energía de Holland & Knight, puntualizó que si las actuales constructoras entran en reorganización recibirían un alivio temporal y podrían, en teoría, seguir ejecutando el contrato.
Aunque, pese al alivio, “la imposibilidad de pagar la condena va a obligar a las empresas eventualmente a liquidarse, dejando en el limbo todos los contratos que están ejecutando y perdiéndose los empleos de todos los trabajadores y el valor de los accionistas”, especificó Zuleta.
Desde la posición de la Alcaldía de Medellín, dieron a entender que este problema debe ser resuelto con un acuerdo de pago que garantice la continuidad de las obras, pese al déficit presupuestal. En este sentido, señalaron que de no haber tenido una temporada de invierno prolongada, se habría producido un eventual riesgo de racionamiento, y no se habría hecho el cierre financiero de proyectos.
De esta forma, desde su perspectiva, para las constructoras solo existen dos caminos válidos: “que paguen cuando quieran y sigan o que cedan, como la ley permite”, enfatizó la fuente de la autoridad municipal.
Englobando todas las aristas, queda claro que Hidroituango es responsabilidad de una empresa generadora que debe cumplir sus obligaciones de energía en firme. Por esta razón, Ismael Arenas, presidente de Aciem, señaló que el riesgo de este agente se estará trasladando la demanda, por lo que se debe asegurar si esta causa retrasará un año más el proyecto y su confiabilidad.
“El análisis de las autoridades no debe perder de vista las consecuencias que se pueden generar para el interés general, lo que constituiría un retroceso colosal de la megaobra”
“Cada año de retraso implica mayores tarifas para los usuarios, menores posibilidades de contratar energía firme competitiva y un riesgo latente por fenómenos climáticos como El Niño”
“Confiamos en que se tomen las medidas inmediatas que mitiguen si llegara a darse una hidrología seca”, agregó Arenas.
Otro talón de Aquiles que atañe la gestión de Hidroituango es la licencia por parte de la Anla.
Frente a este tema, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, expresó que este es un “freno de mano” debido a la suspensión de la licencia. “La entrega del informe técnico por parte de EPM se debió entregar en agosto y no se ha presentado”, enfatizó Acosta.
A su turno, Yaneth Romero, experta en infraestructura de Crowe Colombia, dijo que pueden sobrevenir reclamaciones de contratistas asociados al desequilibrio económico de la obra e incumplimientos decretados entre partes, pese a que la responsabilidad continúa.
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