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Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Chile, explicó los costos de la corrupción en proyectos de infraestructura, con este caso como ejemplo
Uno de los casos de corrupción más grandes y conocidos en Latinoamérica es el de Odebrecht. Precisamente, Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Chile, explicó, en medio del vigésimo Congreso de la International Economic Association, IEA, cuáles son los riesgos de corrupción en la infraestructura, sus costos sociales y los aprendizajes de este caso.
¿Cuáles son los riesgos de corrupción que hay en los proyectos de infraestructura en Latinoamérica?
Los riesgos de corrupción están en todas las etapas de los proyectos de infraestructura, están durante la planeación, cuando muchas veces eligen los proyectos que no son los socialmente deseables, sino los que manejan grandes rentas o que favorecen a un grupo de interés; están durante la licitación, que puede ser hecha a la medida para alguna empresa para dejar fuera a sus competidores; y también está en lo que sigue después de la licitación, en que puede haber renegociaciones oportunistas que favorecen a empresas bien conectadas políticamente, que pagan sobornos, pero que no necesariamente son las más eficientes.
¿Cuál es el costo?
Los costos directos no son fáciles de estimar. Pero en los costos sociales tenemos números muy potentes. En el caso de Odebrecht, en algunos países de América Latina produjo reducciones del PIB de un punto porcentual, que es algo realmente enorme. También hay quienes han argumentado que el hecho de que tengamos gobiernos populistas, tanto de izquierda como de derecha en América Latina, se debe en parte al caso Odebrecht. Que el deterioro de nuestra política y la distancia que existe entre la ciudadanía y su política, que ha crecido en toda la región, en parte se debe a la gran corrupción que involucra a cientos de funcionarios públicos.
¿Qué podemos aprender en América Latina del caso Odebrecht?
Aprendemos dos cosas, una, valorar más las licitaciones competitivas. Desde hace 20 o 25 años en la región se ha vuelto la regla que cuando uno busca quién va a ser un gran proyecto de infraestructura se hace en una licitación competitiva. En el comienzo no era lo habitual, había muchas veces que había licitaciones directas. Esas licitaciones competitivas han sido buenas en limitar los costos y seleccionar empresas que sean competentes.
¿Entonces qué hace falta?
Lo que nos hace falta es centrarnos también en lo que sucede después de esa licitación. Una vez que se selecciona una empresa, es muy importante tener en cuenta que va a haber varios años en los que esa empresa se relacione con el Estado, y en esos años la empresa podría renegociar el contrato, aumentar los costos, aumentar los peajes, hacer nuevas obras sin que haya competencia de por medio.
Y ahí emerge el caso de Odebrecht, con nueva evidencia que dice que en los proyectos en los que Odebrecht no pagó sobornos, el aumento de los costos fue de solo 6%; sin embargo, en aquellos proyectos en que hay evidencia de que Odebrecht pagó sobornos, en vez de 6%, el costo de esos proyectos aumentó 70%. Eso es un tema altamente preocupante, que nos dice que debemos poner mucho más esfuerzo en lo que sucede después de la licitación competitiva, por ejemplo, publicando rápido todos los cambios contractuales.
¿Qué otro tipo de cambios deberían implementarse en la política de asignación de los contratos?
A nivel general, en América Latina planificamos poco la infraestructura con una visión de mediano plazo, sería muy valioso tener una instancia lo más técnica posible y lo más protegida de la política a corto plazo, que pensara cuáles son los grandes proyectos de infraestructura que requiere el país para el próximo año y que los gobiernos inicien desde esa lista de proyectos.
*Invitada por la U. Eafit
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