MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
El cobro extra de $1.000 se dio en razón a decreto expedido en el marco de la emergencia económica y social en La Guajira
El pasado 11 de agosto el presidente Gustavo Petro atendió una audiencia de la Corte Constitucional para defender la legalidad de la emergencia social y económica en La Guajira. Pese a que aún no ha habido decisión por parte de la Corte, ya entró a aplicar uno de los decretos expedidos. Se trata del Decreto 1276, por el cual habría un recargo en las tarifas de energía de algunos usuarios para garantizar el servicio en el departamento del norte del país.
Y es que según lo dio a conocer EPM, ya inició el cobro del aporte especial para La Guajira. Este será cobrado cada mes en la factura de energía, de manera obligatoria para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, mientras dure la medida del Gobierno Nacional. Los montos pagados para La Guajira serán puestos a disposición del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas.
Así las cosas, la medida aplica desde este mes y se extenderá hasta el término de seis meses, o por un tiempo mayor que determine el Congreso de la República dentro del año siguiente.
Cabe recordar que, según se determina en el documento, serán cobros mensuales obligatorios de $1.000 para los estratos 4, 5 y 6; y $5.000 por factura para usuarios comerciales e industriales.
A su vez, la administración de los fondos recaudados corresponderá al Ministerio de Minas y Energía.
Según lo indicado por el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023, es importante considerar que el no pago de este aporte tendrá las mismas consecuencias que el no pago del servicio de energía eléctrica.
Con esta medida, desde el Dapre aseguraron que la entidad "reafirma su compromiso" con la austeridad y la responsabilidad fiscal
Originalmente, el monto pactado para el próximo año ascendía hasta $523 billones. Comisiones económicas no dieron visto bueno a la propuesta fiscal
Camacol advirtió que la ausencia de un régimen de transición impacta las expectativas de las familias que ya han recibido subsidios o que están en proceso de adquirir una vivienda