"Nos tildan de asustaduría, le digo a los detractores que hoy somos una frustraduría”

La semana pasada se puso sobre la mesa el debate sobre el papel que cumple la Contraloría General de la República. Esto, a raíz del proyecto de Acto Legislativo que lidera el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, para hacer una reforma a la entidad y sus facultades de control fiscal.

Si bien el funcionario busca darle más “dientes” a la Contraloría para evitar casos de corrupción y propone un sistema de control fiscal concomitante y preventivo, en el que se actúe en tiempo real y sea evidente la función de prevención y alerta a daños al patrimonio público, su propuesta ha sido altamente criticada por el sector privado, pues para los detractores la reforma limitaría la actividad de la empresa privada.

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Dos columnistas de La República sentaron su voz de protesta. Por un lado, el exministro de Comercio y actual presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, aseguró que “es claro que el propósito de proteger los recursos públicos antes de que se materialice su dilapidación es un objetivo loable, aunque no es clara la diferencia entre los controles preventivos y concomitantes que se proponen, y el control previo que tan malos resultados produjo”.

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Por el otro, el presidente de Anif, Sergio Clavijo, sostuvo que “uno de los elementos más infortunados de dicho Proyecto de Acto Legislativo tiene que ver con su intento de revivir el control previo. Como se recordará, este mecanismo paralizaba las obras públicas y servía como elemento extorsivo para los gobiernos de turno”. Es por estas condiciones que se le ha llamado la “asustaduría” a la Contraloría.

A estas críticas respondió el Contralor, quien aclaró el alcance del proyecto y aseguró que hoy no hay una “asustaduría” sino una “frustraduría” porque no se ha podido controlar la corrupción.

Contralor, usted está promoviendo una reforma al control fiscal que está siendo muy cuestionada, entre otros grupos, por los gremios. ¿Cuál ha sido el motivo que ha generado tanta polémica en las colectividades?

Es normal que los cambios generen reacciones, y parte del trabajo de los que lideramos esos cambios es explicar pacientemente las bondades de las reformas que proponemos a los sectores que manifiestan inquietudes. Lo primero que hay que decir es que la reforma no es un capricho o una obsesión, sino una necesidad para contar con herramientas efectivas y oportunas para luchar contra la corrupción.

¿De dónde surge esta propuesta de reforma? ¿Las herramientas con las que cuenta hoy la Contraloría no están siendo efectivas contra la corrupción?

Los corruptos tienen todos los poderes y herramientas, mientras la Contraloría muchas veces tiene las manos amarradas o instrumentos desuetos. Es importante entender que buscar mayor contundencia no es arrogarse excesivos poderes y que modernizar los recursos para atacar la corrupción no es costoso. Lo verdaderamente costoso es ver cómo se llevan los dineros públicos impunemente y sin posibilidad de recuperación. A diario vivimos victorias pírricas cuando a través de las auditorías o los equipos anticorrupción evidenciamos que los recursos se van, las obras no se hacen, se identifican los responsables, pero la plata no se recupera.

Esa situación no es culpa de los auditores, ni falta de compromiso o voluntad con esta lucha, sino falta de herramientas que nos permitan entrar a tiempo y evitar los daños fiscales en forma oportuna. Hay que cambiar el modelo con el que vigilamos los recursos públicos. Eso fue algo que prometí durante la campaña a Contralor y fue una de las razones por las cuales los congresistas me eligieron.

Expuestas las razones que lo motivaron a promover esta reforma, ¿cuéntenos en concreto de qué trata y su alcance?

El Acto Legislativo que presentamos al Congreso de la República busca dotar al órgano de control de una capacidad para ejercer un control preventivo -no previo- y concomitante frente a la ejecución del gasto público. Eso es anticiparnos al daño fiscal y proteger los recursos de los más vulnerables, aclaro y subrayo no vamos a coadministrar. Como lo dije alguna vez, no podemos seguir andando en bicicleta mientras los corruptos andan en Lamborghini.

Hoy nos tildan de asustaduría, les digo a esos detractores que hoy somos una “frustraduría”, vivimos de frustración en frustración porque no tenemos herramientas para dar resultados efectivos y contundentes contra la corrupción. No podemos seguir siendo una entidad de causas perdidas.

¿No está dejando con este Acto Legislativo, una línea muy delgada, casi imperceptible, entre el control preventivo y la coadministración?

No, en lo absoluto. Son escenarios completamente diferentes. Sin capacidad preventiva, la Contraloría tuvo que advertir, como agente pasivo, con las manos atadas, cómo a la vuelta de una década el costo de obra de la importancia del túnel de la Línea creció 546%, al pasar de $464.000 millones y a $3 billones, sin que aún esté concluida. Sin capacidad preventiva, la inoperancia del modelo actual favoreció por omisión descalabros como el protagonizado por Odebrecht. Lograr prevenir tales situaciones, y no ser simplemente pasivos contempladores de semejantes descalabros presupuestales, no es coadministrar, es anticiparse de manera efectiva a los perjuicios, para proteger los recursos de la educación, salud, infraestructura, seguridad, pero, sobre todo, para luchar contra la pobreza y la desigualdad.

¿Qué mensaje quiere enviarle a los contradictores de este proyecto?

Antes que nada déjeme recordarle que los corruptos están bien asesorados y saben hasta dónde podemos ir los que tenemos que perseguirlos. Hoy la Contraloría -y con ella la sociedad- han sufrido las consecuencias de un régimen normativo que limita en extremo el cumplimiento de una de nuestras misiones sustanciales: recuperar para el erario lo que los saqueadores le han arrebatado.

Hoy el monto de lo recuperado llega a 0,4% de lo que se presume perdido. Esa es una de nuestras más sentidas frustraciones institucionales. Sin la reforma propuesta, los augurios serán aún más desalentadores porque, con las limitaciones que he descrito, el espectro de la impunidad fiscal seguiría rondando los procesos de responsabilidad fiscal. Al terminar el primer semestre tenían en curso 5.596 actuaciones de esta índole por cuantía de $19,6 billones. Hoy día únicamente alcanzamos una cobertura de 29% de nuestros sujetos vigilados. Necesitamos recursos para ampliar con urgencia, para custodiar eficazmente, como lo exige la ciudadanía, los recursos que se malgastan o se pierden.

¿Ha contemplado alternativas menos radicales, como las propuestas por la academia?

Quiero ser enfático en algo, la voracidad de la corrupción no admite titubeos y no se combate con estudios abstractos en el aséptico escritorio de algún elegante “think tank” nacional. Se combate en la vida real, en las regiones, en donde se están robando la plata de la salud, de la educación, de la vivienda, del alcantarillado y de la comida de los niños, entre otros muchos sectores, yo no voy a entrar en discusiones académicas inútiles porque estoy ocupado luchando contra la corrupción concreta y real y no pienso perder un solo segundo en algo distinto a ese objetivo.

Déjeme insistir en algo, ¿cómo prevenir que esta “capacidad preventiva” no degenere en “control previo” y vulnere las funciones de la institución que están determinadas constitucionalmente?

Quienes confunden “capacidad preventiva” con “control previo” debo contarles que la Contraloría se ha venido preparando responsablemente para asimilar la reforma en curso. Como se lo plantee anteriormente, nuestro ejercicio auditor no se orienta hacia la coadministración, sino hacia anticipar perjuicios. A todos ellos los invito a conocer nuestro proyecto “Océano”, la primera gran central de monitoreo a la contratación pública, que ya nos permitió revisar más de 10 millones de registros, identificar las principales mallas de contratistas y generar “mapas de calor” con los que logramos saber cuáles son las regiones que sufren los mayores riesgos de corrupción.

Para finalizar, y pasando al campo técnico, ¿cómo va el trámite en el Congreso?

Durante la primera vuelta del trámite legislativo el Congreso entendió nuestras preocupaciones, compartió nuestras frustraciones y mantuvo la convicción de que la inversión en el fortalecimiento de un órgano de control es infinitamente menos costosa que una corrupción que debilita las fibras sociales e institucionales del país y genera pobreza y desigualdad. El Congreso de la República no ha sido ajeno al inmenso desafío que está enfrentando el país en la lucha contra la corrupción y nos está acompañando comprometidamente en este importante propósito. La decisión de defender la integridad del recurso público de la rapacidad insaciable de actores públicos y privados está tomada y no habrá marcha atrás.