Escándalo de regalías empaña a la Contraloría General, DNP y varios congresistas

Blu Radio reveló el día de ayer que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estuvo envuelto en escándalos de corrupción cuando Luis Alberto Rodríguez estaba al frente de la entidad. En un informe de una investigación que tuvo una duración de seis meses, el medio aseguró que funcionarios del DNP, de la Contraloría General, además de congresistas del Partido Conservador, “habrían creado un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente 12% de los recursos que aprueba el Ocad-Paz”.

La periodista Valeria Santos afirmó que por medio de un “sofisticado mecanismo de corrupción”, los funcionarios nombrados anteriormente se apropiaron hasta de $500.000 millones en coimas de las regalías que estaban destinadas para implementar el Acuerdo de Paz. Según la investigación, hubo un agravante adicional por cuanto que durante este gobierno se adelantó el presupuesto en materia de regalías de la próxima década.

La investigación dice que uno de los funcionarios sindicados del caso de corrupción es Aníbal Quiroz, otrora delegado de la Unidad de Regalías, y quien tiene quejas y denuncias ante los entes de control: se le acusa de obstaculizar el trámite de proyectos. Los denunciantes aseguran que “no ha emitido ningún informe técnico en el que exprese a las entidades territoriales en qué consisten los problemas que encuentra en los proyectos, y observadas las distintas comunicaciones se podrá advertir que son prácticamente las mismas, y en sus listados se incluyen o excluyen proyectos con reparos sin obedecer a criterios objetivos o técnicos, más bien parece un ejercicio absurdamente discrecional o interesado”. Quiroz afirmó que las quejas se trataban de falsas denuncias.

Santos agregó que Ocad-Paz entregó alrededor de $4,4 billones durante el año pasado para municipios Pdet, pero las asignaciones, según los testimonios de alcaldes en medio de la investigación, fueron mediadas por coimas a funcionarios que “podían incidir en el proceso de viabilización”.

La periodista afirmó que Álvaro Ávila, director de regalías del DNP, tendría denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía por un supuesto sesgo al momento de elegir proyectos a cambio de dádivas; también es sindicado de frenar proyectos cuyos requisitos estaban al día. Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, es otro de los sindicados, según BLU Radio, por “no fiscalizar adecuadamente los recursos que asigna el Ocad-Paz”.

Santos denunció que, además de las coimas, los proyectos del Ocad-Paz solo podían ser viables a través de un congresista que diera su aval para la ejecución: estos funcionarios cobrarían entre 5% y 12% del valor del proyecto. La periodista aseguró que los recursos durante el año pasado fueron destinados para unos departamentos, mientras que otras regiones como Putumayo y Guainía “recibieron muy pocos recursos”.

Es importante hacer mención de que la bolsa de recursos del Ocad-Paz es limitada y genera una competencia de 170 municipios Pdet para obtener financiación para los proyectos. No hay un tope legal para las iniciativas, pero la ley dicta que el Ocad debe hacer una distribución de los recursos con equidad en los territorios.

Dichos proyectos presentados por los alcaldes de los territorios deben cumplir con el visto bueno del DNP.