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Empresas de la energía eléctrica y la comisión que las regula esperan que los precios del servicio público disminuyan este año y en parte de 2023
Se espera que hoy la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, revele los lineamientos que seguirá el Pacto por la Justicia Tarifaria. Aunque aún no se conoce la disminución promedio que tendrá el recibo de la luz, gremios como Andesco ya se lanzaron a predecir que puede llegar a 8%.
El gremio de las empresas de servicios públicos, en cuyo congreso el presidente Gustavo Petro propuso intervenir la Creg para disminuir las tarifas de la energía, afirmó que con ayuda del comité regulador (Creg) se pudo “romper la tendencia alcista y lograr una disminución en el precio del servicio de entre 4% y 8%”.
Vale la pena recordar que dicha disminución a la que se refiere Andesco es sobre el valor bruto de la factura. Es decir, que si cualquier persona pagaba para julio un recibo mensual de luz por $150.000, según Camilo Sánchez, presidente del gremio, para noviembre y diciembre pagaría alrededor de $138.000.
Bajo este argumento, y según lo que se conoce hasta ahora, las principales reducciones se harían en los componentes de generación y transmisión de energía, los cuales podrían pesar alrededor de 65% o 70% de la tarifa neta.
La Comisión Reguladora de la Energía y Gas (Creg), le dio ayer la razón a Sánchez en la medida que, según su director ejecutivo, Jorge Valencia, “se están revisando las fórmulas (matemáticas) que fijan los costos en tres de los seis componentes de la energía con la intención que los disminuyan en el futuro”.
De esta manera, según Andesco, “este sería solo el primer paso en la disminución de las tarifas, y en la medida que más actores de la cadena productiva y el Gobierno pongan de su parte, es posible que los precios sigan bajando el otro año”.
Si bien los comisionados expertos de la Creg no se atrevieron a dar la magnitud de la posible baja en el precio, dijeron que una vez fijadas las nuevas fórmulas, estas se comiencen a traducir en precios más bajos para 2023.
“La resolución 15 de 2018 es un buen ejemplo. Para esa ocasión se fijaron las fórmulas para el componente de la comercialización y más o menos en 2019 las empresas comenzaron a hacer sus reportes con esa nueva fórmula”.
Tres componentes, en revisión
Valencia aseguró que actualmente en la Creg se están reformulando el cálculo de las tarifas en tres de los seis componentes. Adicional a esto, el director ejecutivo afirmó que este es un procedimiento que se hace cada cinco años, pues al tratarse de contratos a largo plazo, la regulación también debe tener periodos relativamente largos.
“En términos generales, y no precisamente por esta coyuntura, ya estábamos trabajando en la metodología de la transmisión. Está en revisión hace varios años y ya hemos hecho varias consultas por lo que próximamente se publicará la definitiva”.
La comercialización, por su lado, está cerca de cumplir los cinco años, por lo que según Valencia “ya hace casi dos años se vienen planteando las bases metodológicas, que ya están publicadas, y pronto se sacarán la propuesta definitiva”.
Por último la Creg también afirmó que la fórmula del componente de la distribución también cumple su ciclo el próximo año, por lo que “ya estamos trabajando en las bases metodológicas sin dejar de lado la estructura general del costo unitario, en lo que se afectaría el componente de generación”, dijo Valencia.
Dane y Banrep están asesorando
En la rueda de prensa, los comisionados expertos también afirmaron que con el fin de enriquecer la discusión y contar con la opinión de los que más saben del tema en el país, habían acudido a la asesoría del Banco de la República y del Dane.
“Ellos son los que más entienden de las dinámicas económicas del país y saben cuál podría ser el mejor indexador posible para el cálculo de algunos de los componentes que hoy en día cuentan con el IPC o el IPP como referencia”, dijo Valencia.
Según la Creg, hay información base para otros indicadores diferentes al IPP y al IPC que podrían ser insumo para construir un indicador que refleje mejor la situación de costos y la actualización de precios de la cadena de la prestación del servicio.
“La idea no es imponer ningún indexador, sino que las empresas fijen cuál es el que quieren utilizar y que este sea de carácter nacional y dado por el Dane”.
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