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En el consejo nacional del arroz se trazó la hoja del ruta del sector para 2019.
De las 504.000 hectáreas que se sembraron de arroz en 210 municipios del país el año pasado, en el marco del Consejo Nacional del Arroz convocado este jueves por el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, se determinó que la cosecha se reduciría este año en unas 26.000 hectáreas hasta llegar a un área total de 478.000.
“Propusimos reducir la cosecha para evitar la sobreoferta por el tema de importaciones desde Ecuador, Perú y un contingente de Estados Unidos. Si el grano se trae y el área crece se produce una sobreoferta”, manifestó Rafael Hernández, presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).
Hay que recordar que los gobiernos de Colombia y Perú lograron a finales del año pasado ponerle fin a sus diferencias comerciales que tenían por el arroz. Además, en estos momentos, la cartera agropecuaria también está en conversaciones con Ecuador.
“Solicitamos al Ministerio que se revisen no tanto las cantidades que entran del grano sino la época de llegada porque no es lógico que se esté importando arroz en el momento en que Colombia está recogiendo la cosecha. Además, también creemos que hay que revisar el tratado de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)”, indicó Hernández.
“El objetivo del programa es elevar la competitividad y productividad del sector. Con los niveles de rendimiento de hoy no será fácil sostenerse dentro de unos 10 años”.
“Lo que se acordó con Perú no se ha logrado ingresar en su totalidad porque el precio del arroz en ese país está más alto. La tasa de cambio encarece el producto y nos beneficia”.
Sin embargo, para Silverio Gómez, director de Induarroz, no existe tal sobreoferta y con este área sembrada se atenderá la demanda nacional más los volúmenes de importación. “Lo que se produce no alcanza para el consumo. El país es deficitario, lo que existen son picos de cosecha”, explicó Gómez.
En total, el jefe de la cartera agropecuaria informó a los diferentes actores de la cadena arrocera que buscará este año aumentar la productividad, la rentabilidad y la competitividad del sector a través de la implementación de cinco grandes ejes.
Aparte de planificar los parámetros de cosecha en términos de producción para este 2019, la hoja de ruta de Valencia también se encargará de identificar las zonas con menor desempeño productivo del país. En ese sentido, se prevé que la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (Upra) determine este año un mapa del uso del suelo que permita revisar qué zonas tienen usos altos, medios y bajos para poder ganar en productividad.
Igualmente, otro de los ejes se centrará en el acompañamiento técnico, otro en la mejora de la infraestructura con los sistemas de riego que se van a adecuar para los arroceros y otro con el acceso al financiamiento.
En este último, destaca que el Ministerio de Agricultura dispuso de varios mecanismos como el seguro agropecuario para eventualidades climáticas o las líneas de crédito del programa ‘Coseche, venda a la fija’ para las que la cartera agropecuaria cuenta con un presupuesto de $100.000 millones y se esperan apalancar créditos de hasta por $750.000 millones.
En el Consejo también se hizo un balance del sector en 2018 y se conoció que la producción fue de 2,3 millones de toneladas y el rendimiento promedio nacional fue de 4,8 toneladas por hectárea. Además, las importaciones llegaron a 130.000 toneladas.
Buscan incentivar uso de semillas certificadas
Otro de los temas que se tocaron en este Consejo Nacional del Arroz fue el del uso de las semillas certificadas. “El ministro planteó la importancia de incentivar las buenas prácticas agrícolas partiendo del uso de semillas certificadas, así como de adecuados sistemas tecnológicos que mejoren la productividad y la rentabilidad de los agricultores”, expresó Leonardo Ariza, gerente general de Acosemillas. En 2018, la piratería de semillas representó al sector una pérdida cercana a $250.000 millones.
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El denominado capítulo sindical, que se hundió en el Congreso, sería revivido, y pone en vilo a los empresarios, por los posibles ajustes a los modelos de tercerización
