Estos son los alcances de la expropiación administrativa en el decreto de conmoción

La crisis en el Catatumbo y otras zonas del país ha alcanzado niveles alarmantes. Los enfrentamientos entre grupos armados han provocado violencia, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria que afecta a miles de personas. En total, más de 36.000 personas han sido desplazadas en la región, lo que ha desbordado la capacidad de atención de las autoridades locales.

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Campesinos, pequeños productores y comunidades enteras han tenido que abandonar sus tierras por miedo a ser víctimas del conflicto. Se estima que alrededor de 1 millón de hectáreas han sido despojadas o abandonadas debido a la violencia, dejando a muchas familias sin su principal medio de sustento. Además, la región enfrenta una escasez de alimentos y productos básicos, lo que agrava aún más la situación.

A esto se suma otro problema estructural. Más de 60% de la tierra en el Catatumbo es informal, lo que significa que muchos campesinos no tienen títulos legales sobre sus predios. Esta falta de formalización dificulta la restitución de tierras y la implementación de programas de ayuda.

Ante este panorama, el gobierno declaró el estado de conmoción interior, lo que le permite tomar medidas excepcionales para intentar recuperar el orden y proteger a la población.

Dentro de estas decisiones se han expedido varios decretos, entre ellos el Decreto 0108 de 2025, que establece mecanismos para proteger las tierras y los bienes agropecuarios de las comunidades afectadas.

Uno de los puntos más polémicos de este decreto es la expropiación administrativa, un mecanismo que permite al gobierno adquirir tierras privadas sin necesidad de un largo proceso judicial.

Esta medida se justifica en la necesidad de garantizar la reubicación de desplazados, la reincorporación de excombatientes y el abastecimiento de alimentos en la región. En otras palabras, el Estado podrá tomar tierras de particulares si considera que son necesarias para solucionar la crisis actual.

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Ministra de Agricultura dijo que "decreto 0108 se viene azuzando de manera injusta"

La ministra de agricultura, Martha Viviana Carvajalino, dijo en la FM que esta medida que "ha generado polémica, y se viene azuzando, a mi juicio, de manera injustificada en relación con la expropiación administrativa".

Por otro lado, Cecilia López, ex ministra de Agricultura, dijo que "entregarle a un funcionario la capacidad de señalar cuál es la tierra que se va a expropiar sin que el dueño tenga posibilidad de decir nada sino cuando ya se ha cumplido el hecho, siempre me ha parecido muy peligroso".

López explica que le da miedo que "estén aprovechando una situación tan dramática como la que estamos viviendo en el Catatumbo para meter algo que el país le ha negado, que en el Congreso se ha negado y que muchos de nosotros nos hemos opuesto porque deja a la gente muy desprotegida".

¿Cómo funciona la expropiación administrativa?

A diferencia de una expropiación normal, que puede tardar años en resolverse en los tribunales, este decreto permite al gobierno actuar de manera rápida y directa. Una vez que se identifique un terreno que sea clave para enfrentar la emergencia, el Estado puede tomar posesión de él con un proceso mucho más corto, aunque sigue existiendo la obligación de compensar a los propietarios afectados.

Asimismo, el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, dijo que el decreto 0108 es polémico debido a que "primero podemos decir que es una especie de promesa incumplida de campaña del presidente. Y segundo, pues porque era un miedo muy latente de una gran parte de la población".

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"Pueden expropiarse ciertos predios y ciertas tierras y lo otro que es que los que están priorizados, aparentemente, entre esos son excombatientes. Eso quiere decir también que hay como una especie de favorecimiento o priorización a una población que tal vez no sea la que realmente está necesitando estos predios", agregó Valencia.

En cuanto a la parte financiera, el decreto establece que los dueños de tierras expropiadas recibirán una indemnización, pero el pago dependerá de un avalúo técnico que determinará el valor de la propiedad. Sin embargo, en contextos de crisis como este, los pagos pueden retrasarse o generar incertidumbre entre los propietarios que se ven obligados a ceder sus tierras.

Otro punto clave del decreto es la suspensión de transacciones sobre tierras en las zonas afectadas. Esto significa que, mientras dure la conmoción interior, no se podrán vender, transferir ni modificar los registros de propiedad, salvo en los casos en los que intervenga una entidad pública. Esta medida busca evitar que personas aprovechen la crisis para apropiarse de tierras abandonadas o en disputa.

Además, el decreto permite el saneamiento automático de títulos. Esto significa que, si el gobierno adquiere un terreno, cualquier problema legal relacionado con su propiedad se eliminará de inmediato, facilitando su uso para programas de reubicación o producción agropecuaria.

En términos económicos, la implementación de esta expropiación puede generar gastos adicionales para el Estado. No solo se trata de pagar indemnizaciones, sino también de invertir en la adecuación de las tierras para que sean productivas o habitables.