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Problemática equivale a 33% del PIB.
El tamaño de la economía informal colombiana (tanto laboral como empresarial) equivale a cerca de 33,1% del PIB, es decir, representa unos $310 billones anuales, una cifra que casi alcanza el total de los recursos con los que cuenta la Nación para el presupuesto de este año, que llegan a $258 billones.
La incidencia que ha tenido esta problemática no queda reflejada en las estadísticas oficiales aunque sí ha sido medida en lo que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que lidera Sergio Clavijo, califica como economía subterránea, consecuencia del narcotráfico, la baja eficacia tributaria y el elevado uso del efectivo en el país.
En total, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estimó que la informalidad en las 23 ciudades y áreas metropolitanas llegó a 48,2% el año pasado, lo que significa que el número de trabajadores informales fue de 5,7 millones. Sin embargo, a nivel nacional la cifra de personas que trabajan en la economía del rebusque sobrepasa los 10 millones siendo Cúcuta, Sincelejo y Santa Marta las ciudades con el mayor número de informales.
Por ejemplo, según el Instituto para la Economía Social (Ipes) solo en la capital del país hay registrados 52.764 vendedores informales, de los que se volvieron tendencia en días pasados por la multa de $883.000 impuesta a un ciudadano que quería comprar una empanada. Estos se concentran en su mayoría en las localidades de Santa Fe (19,36%), Los Mártires (6,55%), el área metropolitana (6,27%) y Chapinero (5,62%).
Aunque parezca una correlación evidente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) encontró en un estudio de 2018 que el crecimiento económico está relacionado negativamente con este flagelo. Es por esto que mientras Bogotá y Antioquia son, a su vez, dos de los departamentos que más crecen y que menor número de informales tienen, otros como en La Guajira evidencian las menores tasas de crecimiento del PIB y una mayor informalidad.
“Las altas tasas de informalidad acotan el acceso al crédito e impiden la adopción tecnológica, limitando la escala de producción de las empresas y afectando negativamente la productividad y el crecimiento”, manifestó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Igualmente, la alta informalidad que se da, sobre todo, en las actividades comerciales pero que también tiene incidencia en las manufactureras, del transporte o de la construcción, supone tanto para el gremio de los empresarios como para el de los comerciantes una competencia desleal frente a las ventas que sí están del lado de la informalidad.
“Se traduce en limitante al crecimiento económico (...) en reducción significativa de la base tributaria del país y lleva a una competencia desleal para la economía formal. Todo lo anterior constituye un serio obstáculo al desarrollo económico y social. Para fomentar la formalización a gran escala, se debe analizar la toma de decisiones creativas como bajar sustancialmente la carga a las empresas que se formalicen. Hay que crear las condiciones regulatorias, económicas y disuasivas para que sea mucho más atractivo ser formal, que no serlo”, indicó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
Similar opinión comparte el vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal, quien dijo que para frenar ese impacto se debería tener un mayor control sobre los vendedores ambulantes. “Es muy importante destacar que estos vendedores informales se sitúan en sitios de alta ocurrencia de personas, cerca de almacenes que terminan perdiendo las ventas por el acoso que tienen, se afecta su producción y el pago de sus impuestos”, dijo.
Además, también hay que destacar que según el Conpes de ‘Formalización Empresarial’ del DNP, alrededor de 75% de las microempresas en el país no está registrado y los niveles de cumplimiento de contratación formal de trabajadores, el pago de prestaciones sociales y la implementación de una contabilidad formal son bajos. Igualmente, según la última encuesta del Dane de microestablecimientos, solo 54% de ellos lleva contabilidad formal.
La informalidad también es un golpe al recaudo de impuestos, pues según la Dian, la evasión tributaria en lo referente al impuesto de renta llega a 38% del PIB y en el IVA a 22% del PIB. Además, como dice Mac Master, es una amenaza a la sostenibilidad del sistema de seguridad social, pues solo 8,5 millones del total de los 23,1 millones de trabajadores ocupados están vinculados.
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