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Uno de los factores de impacto es que el nuevo sistema, como está planteado en el proyecto, puede afectar la dinámica de financiamiento a largo plazo del país
Un informe de Moody’s plantea que en los últimos años el aumento del malestar social en Latinoamérica ha provocado que se repiensen los sistemas de pensiones, lo que trae consigo una serie de riesgos para los administradores de fondos privados, un fenómeno que ya es evidente en Colombia con la propuesta del Gobierno para la reforma pensional pero que, de hecho, también se está dando en Chile.
Los ejes del informe se basan en el impacto para la escala y la capacidad de ganancias de las administradoras de fondos de pensiones privadas. La firma señaló que, dado que cerca de 87,5% de la población en edad de trabajar tendría que cotizar en Colpensiones de aprobarse la reforma, las AFP tendrían un acceso limitado al mercado y se tendrían que enfocar en el negocio de pensiones voluntarias y administración de activos.
En un caso puntual, Moody’s expone que Sura Asset Management, que es de las más grandes que opera en la región, podría tener limitada su capacidad de ganancias y su escala. Chile y Colombia representaron 61,6% de sus ingresos operativos y 49% de sus AUM de pensión obligatoria a corte de diciembre de 2022.
Por otra parte, Moody’s expone que es probable que los nuevos sistemas de pensiones afecten la dinámica de financiamiento a largo plazo en los mercados locales, porque si se aplica la reforma propuesta, cambiaría el financiamiento de los sistemas bancarios en el mediano plazo, incluida la disponibilidad de recursos a largo plazo en los mercados de capitales.
“Los cambios de reglas propuestos, actualmente en discusión en el Congreso, requieren que las personas que ganan hasta tres veces el salario mínimo destinen su contribución a una entidad pública. Solo a aquellos empleados que ganen más de esa cantidad se les permitiría usar una opción privada. En esos términos, alrededor de 87,5% de la población en edad de trabajar de Colombia tendría una pensión con Colpensiones”, indica el informe.
Se agrega que el proyecto puede tener implicaciones positivas a largo plazo desde la perspectiva social, porque garantizaría que todas las personas en edad de jubilación tengan un salario mínimo de $233.000, pero se reduciría significativamente el potencial de mercado para los administradores de pensiones privadas, quienes deberán enfocarse en el negocio de pensiones voluntarias y administración de activos en general.
Jorge Llano, vicepresidente de Desarrollo de mercados de AMV, explica que cuando se plantea una reforma pensional se debe hacer pensando en los objetivos más importantes: cobertura, equidad y sostenibilidad. “Lo que pasa con esta reforma es que se sacrifica muchísimo el componente de sostenibilidad, porque hay menos ahorro como porcentaje del PIB, que es la variable más importante”, indica.
Respecto al financiamiento que se menciona en el informe, Llano señala que los fondos de pensión permiten al Gobierno endeudarse porque son inversionistas de largo plazo. “Esto permite hacer financiaciones largas, como obras de infraestructura”.
Según el analista, “en la medida en que exista un comprador de bonos de largo plazo, como los fondos de pensiones, el Gobierno se puede financiar a 20 o 30 años”, un punto que coincide con el informe.
Llano también asegura que en la medida en que se afecte el ahorro y la inversión de largo plazo, también se afectará el crédito hipotecario en cuanto a plazos y tasas. “La inversión de largo plazo es esencial, es la que permitió al país crecer y se pone en riesgo en la reforma actual”.
En la segunda legislatura del año, la reforma pensional iniciará la segunda fase, esta vez en plenaria de Senado. Germán Machado, analista y docente de la Universidad de los Andes, asegura que “es muy probable que el mayor consenso se de en la reforma pensional, que sigue siendo la que parece tener más probabilidad de ser aprobada”.
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