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La reforma a la salud es la que aún no se sabe si saldrá invicta este 2024, pues diversas bancadas pidieron posponer el debate, pero se discutirá en sesiones extraordinarias
Aunque se acercan las vacaciones para los congresistas, aún quedaron ciertos proyectos y reformas en el tintero, estas tendrán que ser discutidas el año que viene.
Tanto reforma laboral como la de salud se encuentran en el limbo y aún no se sabe si se hundirán o pasarán invictas por el Congreso, estas son algunas de las más controversiales del año.
Tendrá su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado; no obstante, su discusión no se llevará a cabo durante las sesiones extraordinarias del Congreso, sino que quedará para el primer semestre del próximo año.
Por otro lado, la reforma a la salud es la que aún no se sabe si saldrá invicta este 2024, pues diversas bancadas pidieron posponer el debate sobre la reforma a través de una proposición que tenía como objetivo evitar que el proyecto se discutiera en las sesiones extraordinarias, pero esta no fue aceptada.
Otro de los proyectos a debatir en 2025 es la Ley Ferroviaria. Esta dio su primer paso de los cuatro necesarios para actualizar la normativa sobre la infraestructura ferroviaria nacional. Tras ser aprobada en el primer debate por la Comisión Sexta del Senado, esta ley podría implementar medidas en el servicio público de transporte de carga y pasajeros, lo que permitiría reducir los costos logísticos en 25% para las empresas y mejorar la competitividad del país al disminuir los tiempos en 23,5%.
Otro de los proyectos a tener en cuenta para el otro año será la humanización y modernización del sistema carcelario. Esta propuesta también fue archivada por no haber sido tramitada durante la primera legislatura. En 2023, el exministro de Justicia, Néstor Osuna, había informado que el proyecto sería presentado nuevamente, esta puede darse el próximo año.
"Tenemos conocimiento que varias entidades del sector están identificando cuál es la mejor opción para fortalecer el sistema, estamos muy atentos a que puedan avanzar rápidamente en ello", dijo Jenny Lindo, contralora delegada para la justicia.
Gracias a una Actuación Especial de Fiscalización realizada por la Contraloría General de la República al Inpec, Uspec y el Ministerio de Justicia, se supervisó la operación en varios centros penitenciarios de máxima y mediana seguridad en diferentes ciudades del país.
Esta fiscalización permitió recuperar $175.000 millones en proyectos, como la puesta en funcionamiento de pabellones en cárceles de Bogotá, Cartagena, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Girón, y mejoras en infraestructura, como plantas eléctricas y sistemas de acueducto en algunos de estos centros penitenciarios.
El 8 de octubre de 2024, se presentó ante el Congreso de la República el “proyecto de ley para una justicia más ágil y eficaz”. El propósito principal del proyecto es disminuir la impunidad en el sistema penal colombiano. De acuerdo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la reforma busca que los procesos en la Fiscalía y en los juzgados del país se desarrollen con mayor rapidez, proporcionando a las víctimas una respuesta ágil y eficaz.
Este objetivo se basa en la necesidad de ofrecer resultados apropiados que reflejen el daño sufrido por las víctimas en relación con la afectación de sus intereses y derechos jurídicos. El entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que luego del primer paquete vendría un segundo y quizás un tercero, pero de momento solo se ha presentado el primero y no fue durante su administración.
El presidente Petro, en medio de un discurso en la Plaza de Bolívar en junio de 2023, anunció que la reforma a los servicios públicos se presentaría al Congreso en ese semestre, con el objetivo de que el enfoque del servicio público dejara de ser el beneficio de los empresarios y se centrara en el usuario. Sin embargo, en febrero pasado, la Superintendencia de Servicios Públicos señaló que antes de presentar la reforma al Congreso, se incorporarían aportes de la ciudadanía, los vocales de control, y las empresas y gremios del sector de servicios públicos.
Originalmente, el monto pactado para el próximo año ascendía hasta $523 billones. Comisiones económicas no dieron visto bueno a la propuesta fiscal
La presidente de la organización se refirió a la Creg, manifestando que esta entidad debe dar trámite a los procesos de regulación para importar gas a largo plazo
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, aseguró que el problema radica en una falta de planeación financiera por parte del Gobierno