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En días pasados, el ministro del Interior confirmó que nuevamente presentarán el proyecto. Expertos enfatizan en que esta vez se debe trabajar en tener mayor concertación
El pasado 20 de junio se archivó el proyecto de reforma laboral radicado por el Gobierno y coordinado por la congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal. Según el balance que hacen presidentes de gremios y expertos, con el hundimiento de esta iniciativa se debe pensar en trabajar en el consenso de cara a la nueva propuesta que se presentará el próximo 20 de julio.
Entre algunos presidentes de gremios que se refirieron al evento, Jaime Cabal, presidente de Fenalco dijo que “es una oportunidad democrática e histórica para construir un nuevo proyecto, concertado de verdad, entre todas las fuerzas vivas del país, focalizado en la generación de nuevos puestos de trabajo y que promueva la formalización”.
En esa línea, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, añadió que “la reforma laboral favorecía a los trabajadores, pero la verdad es que iba a generar pérdidas de trabajo. Se dice que cubría a los más vulnerables y en realidad se olvidaba de los “trabajadores sin derechos” que son los informales”.
Para Rosmery Quintero, presidente de Acopi, se debe entender esta pausa en el legislativo como una oportunidad para lograr mayor concertación y construir un mejor proyecto. “Nosotros creemos que hay que mejorar el proyecto para que genere mayor equilibrio entre los empleadores y los trabajadores. Se debe ser consecuentes con la realidad de la alta informalidad del país, se debe ir reduciendo de manera gradual”, dijo. Las reacciones sobre el archivo de la reforma del Gobierno también llegaron desde el Congreso.
El representante del partido de La U, Víctor Manuel Salcedo, expresó que uno de los elementos que notaron es que la propuesta del Gobierno se enfocaba en aquellos que ya tienen un empleo formal, y no en los que se mantienen en la informalidad laboral.
“Se debe hacer una reforma laboral pensando en un país en donde 58% son informales. Se debe regresar a las cifras de antes de la pandemia, donde estaba en 46% la formalización del empleo”. Para Salcedo, más allá de pensar en la contratación, se debe enfocar a que los trabajadores tengan un reconocimiento en la seguridad social.
“Sí compartíamos que se le regresara a los trabajadores la totalidad del recargo dominical. Pero sí nos preocupaba el tema de los derechos colectivos, que iba a aumentar los conflictos entre trabajadores y empleadores”. Con eso en cuenta, desde la academia los expertos señalaron seis aspectos clave a tener en cuenta para la próxima propuesta que se presente.
Informalidad y desempleo
Entre algunos expertos, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, señaló que el objetivo de una reforma laboral debe ser el de reducir la informalidad y generar empleo.
Cotización por semanas
Dada la informalidad del mercado en Colombia, desde la academia se propone la posibilidad de cotizar por semanas, propuesta que de hecho hace parte de la reforma pensional que se está trabajando. En ese sentido, los expertos aseguran que se debería articular la actualidad del mercado laboral.
Salario diferencial
Una de las propuestas que se ha trabajado desde la Universidad Javeriana es la posibilidad de implementar un salario diferencial. Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la institución explicó que “se debe distinguir el salario según el tamaño de la empresa y la región”.
Jornada nocturna y recargos
Se asegura que se debe evaluar el cómo implementar con gradualidad esta propuesta para no impactar en el corto plazo a las Mipyme.
Licencia de paternidad
Acopi es uno de los gremios que afirma se debe reevaluar este punto, pues dicen podría traer mayores costos laborales.
Contrato de aprendizaje
Este último gremio también recomienda que este contrato no se transforme en uno de tipo laboral, pues incrementaría los costos de las empresas.
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La medida aplicará tanto a quienes tienen deudas como a aquellos que cuentan con una facilidad de pago y no han cumplido
Miguel Silva explicó que este proyecto es de competencia del Gobierno Nacional y que la ANI tiene la responsabilidad principal sobre su ejecución