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La ocupación de las clínicas es de 53% en el aislamiento, hecho que les ha traído problemas financieros que se suman a las deudas históricas que tiene el gobierno
Mientras que la propagación del covid-19 puso en evidencia la falta de capacidad hospitalaria del país, sobre todo en cuanto a unidades de cuidados intensivos (UCI), las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar que esa infraestructura sea copada -y haya cupos libres en caso de que el brote de contagio se dispare- han provocado que la red de clínicas tengan problemas financieros en las últimas semanas.
Esta paradoja, como ha sido calificada por Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), se explica porque según una encuesta hecha por la entidad, a la fecha la ocupación en hospitalización es de 57 %, en las unidades de cuidados intermedios de 53 % y en cuidados intensivos de 49%.
“El problema es que como durante la cuarentena la gente solo va al médico para los estrictamente necesario, las IPS (clínicas y hospitales) le están cobrando menos a las EPS (aseguradoras), pues desde la Ley 100 lo que pasa es que las IPS cobran por paciente atendido. Por eso los hospitales actualmente están pidiendo que se les pague por capacidad instalada”, explicó Jaime Arias, exministro de Salud.
Para responder a esa problemática, el Ministerio de Salud dispuso de tres mecanismos con los que busca darle liquidez a los hospitales. El primero fue autorizar el uso de $1,7 billones de las reservas técnicas de las EPS para que estas, si quieren, paguen parte de las deudas que tienen con las IPS.
Aunque esto todavía no está en firme, se espera que el decreto salga en los próximos días, con lo que las empresas tendrían 20 días para diseñar un plan de pago y pasarlo a la Superintendencia de Salud. Sin embargo, cabe aclarar, que estos desembolsos no se harían de inmediato, sino cuando se hagan los giros del acuerdo de punto final en al menos tres meses, según dijo Giraldo.
El segundo mecanismo consiste en que el Gobierno se comprometió a comprar hasta $700.000 millones de cartera hospitalaria de forma directa, sin intermediación de bancos, haciéndolo a través de la entidad pagadora del sistema de salud, la Adres. La idea es que las EPS e IPS que tengan las cuentas claras, y previa auditoria de la Adres, puedan solicitar esa compra de cartera y se comprometen a pagarlo más adelante a la esta entidad.
“Cuando decimos que la plata del acuerdo de Punto Final no ha llegado a las clínicas, es porque ni siquiera ha llegado a las EPS, a la fecha no se ha pagado nada de las acreencias al régimen contributivo”
“Las reservas técnicas son el corazón de cualquier sistema de seguros y las EPS son aseguradoras, por eso no se habían usado. Ahora se da la opción porque hay que buscar dinero en medio de la crisis”
Por último, está el pago de $5,2 billones que se le adeuda al sistema de salud (IPS y EPS) a través de la Ley de Punto Final. En este momento, según Giraldo, no se ha pagado nada de lo que se debe de servicios prestados al régimen contributivo, y lo que se dio entre 2019 y marzo de 2020, que fueron aproximadamente $1,7 billones, corresponde a la deuda de la liquidación de Caprecom (de hace cuatro años) y a algunas acreencias del régimen subsidiado.
“Cuando decimos que la plata del acuerdo de Punto Final no ha llegado a las clínicas, es porque ni siquiera ha llegado a las EPS, menos a las IPS. Por eso pedimos que nos hagan un giro anticipado directo y luego se haga un cruce de cuentas”, concluyó Giraldo.
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