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La firma de auditoria Kpmg realizó un informe sobre Odebrecht presentado en octubre de 2015 donde encontró que no hubo irregularidades en las licitaciones de la empresa.
LR y La FM tuvieron acceso al informe definitivo de Kpmg contratado en junio de 2015 y que mostró resultados en octubre de ese mismo año, que concluye que “existió transparencia y legalidad en los procesos de licitación pública adelantados por parte de Odebrecht en Colombia”. Así, la auditoría contradice la información que hasta ahora se conocía sobre los actos de corrupción que había cometido la constructora para quedarse con las licitaciones de grandes vías.
Kpmg, una de las firmas de auditoría más grande del mundo, fue contratada por Odebrecht para hacer “una debida diligencia y emitir un concepto sobre 1) la independencia y autonomía de gestión y económica de las operaciones de Odebrecht con respecto a su casa matriz radicada en Brasil. 2) La transparencia y legalidad de los procesos de licitación pública adelantados por parte de Odebrecht, en Colombia, para ganar la adjudicación de tres proyectos de infraestructura pública, denominados, Ruta de Sol II, Río Magdalena y Transversal de Boyacá”, dice el informe.
Para realizar el estudio, se habló con los directores de finanzas e inversiones, el director jurídico, el director del proyecto y presidente del consorcio y el director del proyecto en cuestión.
El informe (adjunto la web) revela lo encontrado en cada uno de los procesos de licitación de estas tres obras y en los tres casos llega a la misma conclusión de que no hubo irregularidades en estos.
El primer aspecto que evalúa es la legalidad de la licitación. En esto concluye que “la documentación que se presentó cumplió, en forma y contenido, con los requisitos establecidos por los pliegos de licitación... la documentación se radicó en los tiempos requeridos, de acuerdo con los sellos de radicación observados”, los documentos se presentaron de forma organizada en concordancia con los requisitos establecidos.
El segundo aspecto es la relación que tuvieron los empresarios y los funcionarios públicos, bien sea del Ministerio de Transporte, Invías, Cormagdalena, entre otros. Allí dice que la comunicación siempre se hizo por escrito y que cumplía con el lenguaje técnico, requisito en este tipo de proyectos.
En el tercer punto a revisar, que son las cuentas de gastos corporativos realizados por los consorcios, se tiene evidencia de todos los registros y sus valores completamente justificados.
“No se observó ninguna situación adversa a la imagen y reputación corporativa de estas compañías, más aún no se observaron impedimentos legales, multas, sanciones o requerimientos judiciales que pudieran estar asociados a eventos o escándalos de corrupción pública o privada, fraude, estafa, contrabando o piratería”, dice el documento de la firma de auditoría.
La información que encuentra Kpmg no deja huella de corrupción de esta empresa en estos tres proyectos de obras públicas, pese a los sobornos confesados después. En el tema de los gastos para el caso de Transversal de Boyacá, se estudiaron 25 gastos por un total de $306,8 millones. En el proyecto de Río Magdalena, se analizaron 1.588 registros por $1.232,4 millones y en el de Ruta del Sol II hablan de 3.751 registros por $5.921,7 millones. Este dinero gastado tiene su respectivo comprobante y justificación, dice Kpmg.
“El hecho de que en una auditoría no se encuentre una falencia, irregularidad, no invalida otro tipo de pruebas donde sí se encontraron”.
“Se deben cotejar estos datos con los de la Fiscalía y la ANI. Realmente uno no entiende cómo una empresa hace una revisión no detallada del caso”.
Las pruebas de corrupción
Quizás la mayor prueba de corrupción en el caso Odebrecht se dio en 2016 cuando la empresa se declaró culpable de soborno y aceptó pagar US$2.600 millones a las autoridades de EE.UU., Brasil y Suiza para indemnizar las pérdidas.
En Colombia, las declaraciones del auditor de la obra, Jorge Enrique Pizano son una de las pruebas más claras. Pizano habló el 30 de octubre de 2013 con José Elías Melo, presidente de Corficolombiana (empresa que es socia de Odebrecht en dos de las tres obras que evaluó Kpmg), donde le cuenta que encontró unos pagos que no cumplían con los requisitos legales de la prevención de lavado de activos y luego le trasladó la información al entonces abogado de Grupo Aval (casa matriz de Corficolombiana) Néstor Humberto Martínez, lo que deja la pregunta de por qué si la información de irregularidades la tenían desde 2013, el estudio de 2015 no evidencia estos problemas.
Para Juan Manuel Guerrero, director de Guerrero & Asociados, “las auditorías no siempre cubren 100% de la revisión. El hecho de que en una auditoría, no se encuentre una falencia, irregularidad o evidencia de un acto de corrupción, no invalida otro tipo de pruebas donde sí se encontraron las inconsistencias. Son complementarias, mas no excluyentes”.
Contrastando la información, Jairo Espejo, director de Infraestructura de Aciem, aseguró que “en estos casos se deben cotejar los datos encontrados con los de la Fiscalía y la ANI. Realmente uno no entiende como una empresa hace una revisión detallada del caso y no encuentra las pruebas, cuando ya los implicados en el tema han manifestado que si hubo coimas”.
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