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Algunos expertos señalaron que quienes evaden impuestos pagarían una tarifa inferior a quienes sí cumplen con sus obligaciones
Una de las fuentes de recaudo que propuso el Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley de inversión social fue el impuesto de normalización tributaria. Aunque este generaría un recaudo de $300.000 millones en 2021 y de $460.000 millones en 2022, algunos expertos aseguran que la medida se debería eliminar, pues esta da un tratamiento más favorable a los evasores que a quienes cumplen con la ley y pagan sus impuestos.
Según se estableció en el articulado, quienes se acojan a la medida podrán pagar una tarifa de 17% por normalizar sus bienes, una cifra que es mucho menor a la que deben pagar, legalmente, las empresas en Colombia.
“Una empresa obtuvo utilidades en Colombia, si hubiera cumplido con la ley, habría pagado el impuesto a la renta sobre esas utilidades con una tarifa de 31%. Pero si en vez de eso escondió las utilidades, lo que ahora el Gobierno le ofrece es traerlas a la legalidad pagando 17%, que es bastante menos que 31%, e incluso puede llegar a 8,5% dados los mecanismos de valoración del patrimonio que se establecieron”, aseguró Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Frente a la medida propuesta, el senador Wilson Arias aseguró que esta premiaría a los evasores y que estos deberían pagar, por lo menos, la misma tarifa que pagan las empresas, que es de 31% y aumentaría a 35% de ser aprobada la reforma.
De acuerdo con el Observatorio de la Universidad Javeriana, la diferencia entre estas dos tasas de tributación puede enviar la señal a los evasores de impuestos de que cumplir con las obligaciones tributarias es un mal negocio.
Reyes explicó que el tratamiento de la normalización tributaria incentiva la evasión por parte de las personas que poseen más altos ingresos y patrimonios.
“Incentiva un tipo específico de evasión, la que hacen las personas de más altos ingresos y patrimonios, porque las manipulaciones contables y tributarias que hay que hacer para esconder capitales del país no son algo que sea accesible para una persona de a pie, no lo es para un trabajador y tampoco para una empresa que no tenga un nivel contable y tributario sofisticado. Entonces es un tratamiento preferencial a los evasores de altos ingresos”, dijo el director del Observatorio.
En ese sentido, la entidad aseguró que ese impuesto no debería ser aprobado en el paso del articulado por el Congreso de la República.
Leopoldo Fergusson, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes y docente de la facultad de Economía, aseguró que la normalización tributaria no puede convertirse en “el mensaje a los evasores de que siempre habrá otra oportunidad para recibir un indulto por el desfalco al fisco”.
Así, dijo que, de ser aprobada la propuesta, el castigo a quienes cometan este tipo de evasión tributaria debe ser más severo.
“Acudir a esa zanahoria, por lo, tanto debe acompañarse con el garrote de consecuencias serias, incluso penales, que hoy solo aparecen para desfalcos multimillonarios y en una regulación sin dientes”, señaló Fergusson.
Más allá de la discusión, el Gobierno ya ha aprobado el impuesto de normalización tributaria en tres ocasiones, para los años gravables 2018, 2019 y 2020, en los cuáles se ha generado un recaudo total de $1,7 billones; por lo que falta analizar cómo tratarlo a futuro.
De ser aprobado en su paso por el Congreso, con este impuesto se recaudarían $760.000 millones entre este y el próximo año, recordando que el monto de bienes no declarados en el exterior es cercano a los $4,6 billones.
En 2020, más de 4.700 contribuyentes se acogieron a la normalización
De acuerdo con las cifras de la Dian, en 2020 más de 4.700 contribuyentes se acogieron a la normalización tributaria, a través de la cual se reportaron activos omitidos por $4,4 billones, se sanearon $311.000 millones y se reportaron pasivos inexistentes por $188.000 millones.
En total, esta normalización tributaria le generó a la Dian unos ingresos por $627.000 millones, una cifra que es inferior al recaudo que se alcanzó en 2019.
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