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Dicen que el decreto expedido en el marco de la emergencia en La Guajira limita temas como las concesiones de explotación de recursos
El pasado 31 de julio se dio a conocer el Decreto 1277 de 2023 del Ministerio de Ambiente ante la emergencia económica y social decretada en la Guajira. El Decreto que, según el Ministerio, buscarían atacar problemáticas de la zona, incluirían temas como la limitación de concesiones de explotación de recursos naturales.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, señaló que “el conjunto de decretos emitidos en el marco de emergencia económica, y en especial el 1277 de 2023, son muy amplios en cuanto a su aplicabilidad y conllevan a la modificación y desconocimiento de instrumentos ambientales ya otorgados, lo que puede generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales, además de afectar, posiblemente, proyectos mineros ya existentes o futuros”.
Este ha sido fuente de preocupación para el sector minero, economistas y otros expertos en el tema por diversas razones, como expone Martín Jaramillo, director del Centro de Gerencia y Empresas Eafit. Esto teniendo en cuenta factores como que “es supremamente arbitrario, no tiene límite en el tiempo, no tiene justificación razonable del por qué”.
Por un lado, el experto explicó que con este decreto 95% del territorio nacional quedaría sujeto a una reserva por tiempo indefinido a la merced de un solo ministerio, lo que tendría efectos sobre el sector minero. De hecho, según el decreto, se podría “adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes”.
Sin embargo, dice Jaramillo, precisamente este sector es uno de los que más aporta a la economía a través de recaudo tributario, regalías y con participación en las exportaciones. “Las consecuencias de eso, por lo menos por lo que dura el decreto, es eliminar la minería en Colombia, que es 36% de las exportaciones y una tercera parte de los ingresos fiscales”.
Afirmó también que valdría la pena cuestionar al Ministerio de Hacienda acerca de si estaría de acuerdo con un decreto que les restará aproximadamente 30% del recaudo, que fácilmente serían cuatro reformas tributarias.
“Son también 160.000 empleos directos, casi un millón de empleos indirectos”, añadió Jaramillo. El experto también aseguró que las regalías del sector se verían afectadas. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el valor de estas para el año pasado fue equivalente a $15 billones.
Con lo anterior está de acuerdo Hemberth Suárez, abogado y socio de OGE Legal Services, quien afirmó que el decreto sobre las concesiones de explotación de recursos naturales, especialmente sobre la minería, podría tener efectos en los actuales inversionistas del sector, así como ser un posible freno para inversionistas extranjeros que deseen desarrollar minería en el país.
“Con este tipo de medidas se puede afectar el presupuesto, el empleo y el avance en la transición energética. Sin minería no hay transición energética y no se obtienen minerales para la economía”
El experto confirmó, además, que con el decreto también vendrían efectos sobre el recaudo tributario y las regalías, ya que el sector de hidrocarburos y minería resulta necesario para la situación financiera del país. Seguido a esto resaltó que “con este tipo de medidas se puede afectar el presupuesto, el empleo y el avance en la transición energética”. Y tampoco “se obtendrían minerales esenciales para la economía”.
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