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Según expertos, el decreto expedido en el marco de la emergencia en La Guajira limita las concesiones de explotación de recursos
El pasado 31 de julio se dio a conocer el Decreto 1277 de 2023 del Ministerio de Ambiente ante la emergencia económica y social decretada en la Guajira. El Decreto que, según el Ministerio, buscarían atacar problemáticas de la zona, incluirían temas como la limitación de concesiones de explotación de recursos naturales.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, señaló que "el conjunto de decretos emitidos en el marco de emergencia económica, y en especial el 1277 de 2023, son muy amplios en cuanto a su aplicabilidad y conllevan a la modificación y desconocimiento de instrumentos ambientales ya otorgados, lo que puede generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales, además de afectar, posiblemente, proyectos mineros ya existentes o futuros".
Este ha sido fuente de preocupación para el sector minero, economistas y otros expertos en el tema por diversas razones, como expone Martín Jaramillo, director del Centro de Gerencia y Empresas Eafit. Esto teniendo en cuenta factores como que "es supremamente arbitrario, no tiene límite en el tiempo, no tiene justificación razonable del por qué".
Por un lado, el experto explicó que con este decreto 95% del territorio nacional quedaría sujeto a una reserva por tiempo indefinido a la merced de un solo ministerio, lo que tendría efectos sobre el sector minero. De hecho, según el decreto se podría "adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes".
Sin embargo, dice Jaramillo, precisamente este sector es uno de los que más aporta a la economía a través de recudo tributario, regalías y con participación en las exportaciones. "Las consecuencias de eso, por lo menos por lo que dura el decreto, es eliminar la minería en Colombia, que es 36% de las exportaciones y una tercera parte de los ingresos fiscales".
Afirmó también que valdría la pena cuestionar al Ministerio de Hacienda acerca de si estarían de acuerdo con un decreto que les restará aproximadamente 30% del recaudo, que fácilmente serían cuatro reformas tributarias.
"Son también 160.000 empleos directos, casi un millón de empleos indirectos", añadió Jaramillo. El experto también aseguró que las regalías del sector se verían afectadas. De acuerdo a la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el valor de estas para el año pasado fue equivalente a $15 billones.
Con lo anterior está de acuerdo Hemberth Suarez, abogado socio de OGE Legal Services, quien afirmó que el decreto sobre las concesiones de explotación de recursos naturales, especialmente sobre la minería, podría tener efectos en los actuales inversionistas del sector, así como ser un posible freno para inversionistas extranjeros que deseen desarrollar minería en el país.
Adicionalmente, resaltó que los efectos caerían también sobre otros sectores que resultan importantes para la economía colombiana, esto teniendo en cuenta que "sin Minería no hay transición energética y no se obtienen minerales esenciales para la economía", afirmó Suarez.
El experto confirmó, además, que con el decreto también vendrían efectos sobre el recaudo tributario y las regalías, ya que el sector de hidrocarburos y minería resulta necesario para la situación financiera del país. Seguido a esto resaltó que "con este tipo de medidas se puede afectar el presupuesto, el empleo y el avance en la transición energética".
Incluso, señaló, que el decreto puede ser inconstitucional y demandado por dos razones principales. La primera sería por no haberse surtido adecuadamente su publicidad previa a la expedición, lo que se entendería como una violación al debido proceso. Y la segunda, tal como explicó el experto, "por haberse expedido con infracción de normas superiores, como la libertad económica y la libre competencia".
En términos legales, según Suarez se podría incluso estar vulnerando derechos como el artículo 333 de la Constitución Política por "libertad económica, la actividad económica, e incluso el mínimo vital, puesto que estos proyectos tienen a su cargo demasiados empleos y personas que dependen de esa actividad económica".
Por otro lado, Carlos Andrés Cante Puentes, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, expresó también su preocupación ante la prohibición para prorrogar contratos de concesión minera o autorizar la expansión o ampliación de los proyectos existentes, especialmente al ser una restricción directa a la única operación minera de la zona, la de Cerrejón.
Seguido a esto, Puentes afirmó que "una medida como ésta, que se convierte en una regulación de carácter particular que impacta puntualmente a un único sujeto al que le están cambiando las reglas, no se correspondería con el objeto de la declaratoria de emergencia", y añadió que por ende la Corte Constitucional deberá eventualmente pronunciarse sobre sobre su motivación y el impacto tanto a nivel departamental como nacional.
El sector minero colombiano se pronunció al respecto mediante un comunicado afirmando que el decreto significaría una amenaza a la estabilidad y el futuro del sector minero en el país. Lo anterior teniendo en cuenta que según el sector es una norma arbitraria y que "permite la creación de áreas de protección ambiental sin contar con estudios, ni criterios técnicos y solo amparándose en un principio de precaución que hoy según la jurisprudencia no debe entenderse de esa manera."
Nariño, el presidente de la ACM, agregó que el decreto "incluye, además, medidas que buscan modificar el ordenamiento territorial, privilegiando unas actividades productivas sobre otras sin ningún criterio técnico".
Y añadió que "es necesario mencionar que en un marco de emergencia económica, las acciones realizadas para subsanar dicha emergencia deben estar encaminadas a brindar una solución y no regular o prohibir las actividades productivas que aportan al bienestar y al desarrollo del departamento. Consideramos que esta acción produce inestabilidad, además de afectar la generación de recursos, empleo, y agrava la situación por la que atraviesa el departamento de La Guajira".
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