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Para los expertos, la falta de competitividad, inversión en infraestructura y falta de procesos de contratación, son algunas de las causales de los altos precios
El Tribunal Administrativo del Atlántico decretó una medida contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, y el Ministerio de Minas y Energía, en la cual ordenó que se revise y se haga una posible modificación de la fórmula tarifaria que se utiliza para calcular las tarifas de energía en la región Caribe.
La medida judicial surgió como respuesta a una acción popular que se presentó en Barranquilla y Santa Marta sobre el alto nivel de las tarifas en el Caribe; de esta forma, el Tribunal del Atlántico ordenó la convocatoria de una audiencia pública en los siguientes 10 días para analizar el impacto económico y social de resoluciones que fueron criticadas, debido al aumento de las tarifas.
Adicionalmente, el Tribunal ordenó la realización de una tarea exhaustiva de los componentes que están afectando a los usuarios en las tarifas, y mencionó que puede considerarse la posibilidad de que estas se ajusten el Índice de Precios al Consumidor, IPC. En consecuencia, según lo afirmó el Tribunal, el objetivo será que haya tarifas más justas en la región.
Para el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, "la inoperancia de la Creg, por la desidia del Gobierno Nacional son el nudo gordiano que ha impedido solucionar el problema de las tarifas, que es de su competencia y que solo el Presidente, Gustavo Petro, y el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, pueden desatar y para ello solo se requiere voluntad política, menos anuncios y más decisiones".
Para Acosta, la medida del tribunal "pone al Gobierno contra las cuerdas para que actúe. Por otro lado, Camilo Prieto, profesor de la maestría en Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, afirmó que "mejorar el precio de la energía no se consigue haciendo solo ajustes en la formula, sino en aumentar la entrada de los proyectos de generación, eso va a reducir las perdidas; y el precio de la energía no puede ser estipulado por el Estado porque depende del mercado y eso desincentivaría la inversión".
Luis Miguel Fernández, CEO en TPL Energía, mencionó que “hay una situación particular en la costa Caribe. El esquema regulatorio que aplica en la distribución tiene particularidades en la parte de pérdidas y en la manera como se cobra la opción tarifaria en la región, esto la diferencia frente a otras regiones, porque el nivel de pérdidas en la tarifa es superior en este territorio”.
Luego, mencionó que “en la medida que se hagan los procesos de contratación, que se consigan los volúmenes de energía que se requieren para cubrir la demanda con contratos, la presión disminuiría".
Por otro lado, Oriana Álvarez, directora ejecutiva de Fundesarrollo, mencionó que el problema de las tarifas en el Caribe tiene como origen un rezago en la inversión en infraestructura en el sector; además, agregó que no hay competitividad porque las empresas tienen un bajo recaudo; y añadió que, “se avaló la opción de cobrar a los usuarios las perdidas no técnicas de las empresas”.
Frente a las soluciones, Álvarez concluyó que a largo plazo el Ministerio de Hacienda puede asumir el costo de la opción tarifaria, "lo que haría que la energía disminuya 15% a 20% en los próximos cinco años; adicionalmente, es necesario que los subsidios estén mejor focalizados a las personas que realmente lo necesitan y los ahorros que esto genere pueden utilizarse en un mayor consumo de subsistencia para el Caribe", concluyó la directora.
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