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Un informe presentado por el equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá sugiere que la falta de ejecución obedecería a una “estrategia” de ahorro estatal
A falta de tres meses para finalizar 2024 el Gobierno tiene comprometido 65,8% del gasto permitido, lo que vuelve a encender las alarmas por un eventual incumplimiento de la Regla Fiscal. De acuerdo con el equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, hay una “subejecución” del gasto público que podría obedecer al compromiso del Estado de reducir el gasto e inversión para cumplir con las deudas.
El Banco de Bogotá había estimado que Colombia debía reducir el gasto de inversión y funcionamiento en $50,8 billones, frente a lo aprobado en el Presupuesto General de la Nación, PGN, para 2024, cuyo monto es de $408,1 billones.
El cálculo es que Colombia debería, como máximo, ejecutar 87% del PGN para cumplir con la regla fiscal. Con corte a septiembre, el Estado ha ejecutado 65,8%, es decir 0,5 puntos porcentuales más de lo que se debería comprometer para cumplir con las acreencias.
“En el caso de no ejecutarse el contrato, los recursos en reserva se liberan y representan, en las cuentas de la Nación, una especie de ahorro pues el gasto no se llevó a cabo”, explica el informe de la entidad.
El informe señala que medir las obligaciones del Gobierno permite hacer una métrica precisa sobre el gasto.
“Durante los primeros nueve meses del año, las obligaciones fueron 54,2% del total del PGN, por debajo del límite antes mencionado de 59,4% para esta época del año calculado por investigaciones económicas. Esto es una noticia positiva para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero negativa en materia de actividad económica”, señala el informe.
Habría entonces una contradicción para el Gobierno, pues a medida que se ejecuta se impulsa el crecimiento económico, pero perjudica las finanzas. Esto se evidenció en el primer semestre del año, cuando se disparó el gasto de funcionamiento, pero se alcanzó el déficit fiscal más alto de los últimos 20 años.
“En inversión la Nación comprometió los recursos, pero no está ejecutando los contratos para no generar obligaciones y, así, sanear las finanzas públicas con el aplazamiento de dichos recursos”, sentencia el análisis.
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