Contraloría reveló fallas de ejecución en Prosperidad Social para población vulnerable

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La Contraloría General de la República reveló que no hay suficiente ejecución en Prosperidad Social para la atención de la población vulnerable. Según lo mencionó la entidad, se evaluaron los estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2023 y en ellos, “se establecieron 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria y diez con incidencia fiscal” por más de $100.000 millones.

A lo anterior se suma que la Contraloría solicitó dos aperturas de indagación preliminar por más de $46.700 millones. Adicionalmente, el organismo señaló que Prosperidad Social contó con una asignación de $9,8 billones, de los cuales se ejecutó el 85%, con lo que se presentó una “pérdida de apropiación en la vigencia auditada de más de $1,4 billones", señaló la entidad.

"Hemos encontrado una falencia en Prosperidad Social. Si bien se asignaron recursos para atender a la población vulnerable, estos recursos no se ejecutaron en su totalidad. Hay faltas de eficiencia y fallas en planeación y en pagos de subsidios. Hay pagos a beneficiarios fallecidos y a personas pertenecientes al programa Jóvenes en Acción que declaran renta", afirmó el contralor, Carlos Hernán Rodríguez

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Ahora bien, ¿por qué hubo una baja ejecución en Prosperidad Social? La Contraloría apuntó que hay debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras, una ampliación de cronogramas para la revisión y aprobación de fichas técnicas, tardanzas en investigaciones de mercados y análisis del sector y también es estudios y procesos contractuales.

“Lo anteriormente descrito, deja de manifiesto una insuficiente gestión del presupuesto por parte del ordenador del gasto de la entidad, como también de los directores a cargo de la formulación y ejecución de los proyectos, producto de fallas en la planificación, estructuración, ejecución y cumplimiento de lo planeado, teniendo en cuenta que si bien se solicitaron y asignaron recursos destinados a la satisfacción de las necesidades de la población objeto de intervención, estos no se ejecutaron en su totalidad”, afirmó la entidad.

Por otro lado, la Contraloría manifestó que después de analizar información brindada por Prosperidad Social, concluyeron que información que “la información que soporta los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor, no cuenta con las condiciones de exactitud, integridad, actualización, coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad” para que se vayan materializando planes de política pública en la entidad.

Pagos a personas muertas y beneficiarios sin derecho

La Contraloría señaló que se siguen presentándose casos de pagos a beneficiarios fallecidos; a lo que la entidad adicionó que las bases de datos que depuran y actualizan información para que haya una auditoria intenta para prevenir fraudes no está funcionando eficientemente.

El organismo encontró que la entidad tiene debilidades en el proceso de verificación de criterios para personas que pertenecen a diversos programas; en consecuencia, hay “beneficiarios que no cumplen con las condiciones establecidas en la norma”, pero que están cobrando los incentivos “sin tener derecho a ello”.

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Finalmente, se hizo referencia al programa Jóvenes en Acción. La Contraloría concluyó que en ese plan se está permitiendo que la población que no cumple con los criterios establecidos por el Dane reciba los ingresos del programa; cabe mencionar que, esta iniciativa fue creada para la población en condición de pobreza y vulnerabilidad.