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Según cálculos del Pila se dejaron de percibir $2,3 billones durante mayo y junio, meses en los que funcionó el decreto 558
El sector privado recibió malas noticias esta semana, tras acumular alivios, exenciones, ampliaciones y permisos para operar y dar paso a la reactivación, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 558 de 2020 que emitió el Gobierno, precisamente como un beneficio de caja para las empresas.
Si bien era de esperarse que algunos decretos se cayeran en la Corte por la urgencia con la que fueron radicados, lo cierto es que esto tiene en vilo al tejido empresarial, pues ahora deberán responder por los aportes faltantes a pensión de los trabajadores.
Según los cálculos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), en total hay un faltante en los aportes de 6,5 millones de colombianos durante mayo y junio, que fueron los meses en los que se decretó que las empresas que quisieran podían pagar 3% a pensión, y no 16% como normalmente se hacía. Esto, para resolver los problemas de caja que las empresas presentaron por la pandemia.
Además, en una comparación interanual del recaudo del periodo de cotización de pensiones de junio de 2019, se estimó que los aportes que se dejaron de percibir por el Sistema General de Pensiones fueron en total cerca de $2,3 billones en los dos meses en que se aplicó el beneficio.
“Solicitamos desde ahora al Gobierno que estudie alternativas de apoyo financiero que permitan a los empleadores aportantes, el cumplimiento de la sentencia”.
“Estamos esperando cuáles serán los detalles y cómo serán las condiciones; sin embargo, respetamos la decisión, aunque parece que hay una afectación pese a que esta es una situación atípica”.
En concreto, los empresarios tienen incertidumbre porque sin conocer el fallo, aún no hay un mecanismo para devolver el aporte a pensión de esos 6,5 millones de trabajadores, pues las empresas atraviesan por un momento en el que no hay recursos ni para cubrir la nómina.
“Esto manda un mal mensaje porque de por sí la situación ya es bastante crítica, y una de las cosas que hace crítica para el desempeño empresarial es la limitación de los recursos, por las limitaciones que ya todos conocemos desde el cierre, y por la incertidumbre de la activación lenta de demanda, lo que genera más pánico para los empresarios”, afirmó Rosmery Quintero, presidente de Acopi.
Entre otras cosas, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, advirtió que las empresas actuaron bajo los términos establecidos y que por ende piden que el plazo sea de 36 meses para que las firmas puedan pagar ese faltante, ya que el fallo de la Corte es retroactivo y solicita que se recupere ese dinero que no se aportó. Además, en el caso de los que ganan más de un salario mínimo y están en Colpensiones, la exigencia es que se les cuenten las ocho semanas, pues el objetivo es que todo quede en la misma situación que antes.
El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que cerca de $1 billón sería el faltante que debe pagarse, por lo que solicitó que se estudie el plazo que deberá otorgarse.
Por otro lado, el vicepresidente de Asofondos, Jorge Llano, dijo que este es un paso que va en línea con el bienestar futuro de todos los trabajadores del país, pues también se tumbó la posibilidad de trasladar los recursos de las personas en retiro programado de salario mínimo.
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