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Fedesarrollo sostiene que el Gobierno ve un panorama de ajustes en 2024, aunque con mejores perspectivas que 2023.
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La organización sostiene que, aunque el Gobierno hizo ajustes, la consolidación de las finanzas públicas es uno de los principales retos
Fedesarrollo, organización liderada por Luis Fernando Mejía, publicó un informe de tendencias económicas sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la pensional. En cuanto al Marco Fiscal, la entidad proyecta una disminución del recaudo en 1,2% entre 2024 y 2034, “parcialmente compensada por un ajuste en el gasto en el mismo periodo de 0,6%”, lo que tendría como consecuencia un déficit superior de 0,5% en ese lapso.
Además, sostiene que el Gobierno ve un panorama de ajustes en 2024, aunque con mejores perspectivas que 2023; también, afirman que se espera un crecimiento económico de 1,7% por la dinámica de formación bruta de capital y por exportaciones. En cuanto a la inflación, se espera una tendencia decreciente, alcanzando 5,3% a finales de 2024, lo que va acorde a la meta de 2025.
Adicionalmente, proyecta una apreciación del tipo de cambio en 2024, estabilidad en el precio del petróleo y en el déficit de la cuenta corriente; también, afirman que el déficit nacional alcanzará 5,6% del PIB en 2024, lo que se sitúa en el límite de la regla fiscal, y que también es 1,3% superior en comparación a 2023 a causa de la disminución del recaudo.
En cuanto a 2025, Fedesarrollo estima un déficit de 5,1% del PIB y de 2,9% en 2035; sin embargo, “como resultado del comportamiento de los ingresos y los gastos según la estrategia fiscal del nuevo Marco Fiscal, se proyecta que el déficit sea en promedio 0,5% más alto entre 2025 y 2034, aumentando de 2,9% a 3,4% del PIB, respectivamente”.
“El déficit se debe a un nivel bajo de recaudo, que es insuficiente para cubrir las necesidades de inversión pública. En gasto, 80% de los déficits están en pago de intereses de deuda”
Por otro lado, mencionan que el déficit aumentará por una disminución de ingresos del Gobierno de 1,7% del PIB entre 2023 y 2024; a la vez, hay menores ingresos no petroleros, menores dividendos e ingresos de Ecopetrol, que está compensado por mayores ingresos de la Dian, recursos por la Ley de Inversión Social y rendimientos del Banco de la República.
“En gasto primario, se prevé una reducción de 1,2%, disminuyendo de 19,2% al 18,% del PIB”, mencionan. Y añadieron que “el ajuste se verá contrarrestado por un incremento en el pago de intereses de 0,8 puntos del PIB, alcanzando un nivel del 4,7% del PIB, el más alto lo corrido del siglo”.
La entidad menciona que la estrategia fiscal presentada por el gobierno permite identificar una desaceleración económica más pronunciada. Además, sostiene que Colombia lleva siete años consecutivos con déficits fiscales superiores a 4% del PIB, lo que no tiene precedentes en la historia y no es comparable a otras economías de la región. Y si bien afirman que el Gobierno ha hecho ajustes fiscales, reafirman que la "consolidación de las finanzas públicas continúa siendo uno de los principales retos de la política económica".
En este punto, mencionan que es un avance significativo en múltiples aspectos, tales como la cobertura a la vejez y la reducción de los subsidios en el régimen público.
Sin embargo, la organización señala que debe haber ajustes con la finalidad de reducir el impacto fiscal. Estos se relacionan con el “límite de semanas en el tratamiento diferencial a las mujeres, el régimen de transición y la reducción del umbral”. La entidad menciona que estos aspectos cobran relevancia en un contexto de transición demográfica acelerada y colocan en riesgo la sostenibilidad del sistema de reparto de Colpensiones.
Adicionalmente, mencionan que la reforma genera un impacto negativo en el ahorro privado y aumenta el pasivo pensional en el componente contributivo, lo que deteriora la posición fiscal del Gobierno. La entidad señala que, con base en cálculos de Cede, el valor del sistema de protección a la vejez valdría 119,9 puntos del PIB hasta el 2100; mientras que el impacto fiscal de la reforma es el de un aumento pasivo del sistema a la protección a la vejez de 60 puntos del PIB. También, el documento añade que el impacto fiscal proyectado para 2100 es de 45,1 puntos del PIB.
A su vez, afirma que la acelerada transición demográfica tendría como consecuencia que se deba modificar la edad de pensión. “En segundo lugar, el esquema diferencial para mujeres ha debido incorporar únicamente una reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo, hasta por tres hijos, como se había propuesto en la versión inicial del proyecto”; lo anterior se debe a que mujer debe cotizar 19 años para tener una pensión por 29 años, lo que afecta la sostenibilidad del sistema.
Luego, afirman que la pensional debió mantenerse en 1.000 semanas e incluir el “requisito mínimo de edad con una diferencia de 10 años menos que la edad de pensión”. Además, si bien mencionan que la pensional tiene un enfoque mayor cobertura, también afirman que es indispensable una reforma laboral que incentive el empleo formal y reduzca el desempleo, ya que, "mejorar la cobertura en el sistema de pensiones obligatorias no será posible sin esfuerzos efectivos para reducir la informalidad laboral”.
Finalmente, los ajustes en la edad de pensión, ingreso base de liquidación y tasa de remplazo son modificaciones que la organización sugiere para la sostenibilidad fiscal de la pensional.
Fedesarrollo menciona que es indispensable que se construya una reforma que incentive la creación de empleos formales. Todo ello a través de reducir las fricciones en el mercado laboral y las altas tasas de desempleo.
Esto lo menciona, ya que, “mejorar la cobertura en el sistema de pensiones obligatorias no será posible sin esfuerzos efectivos para reducir la informalidad laboral, que actualmente afecta al 56% de la población ocupada”.
Lo anterior se menciona porque tanto la pensional como el régimen laboral se deben abordar para lograr un resultado positivo, señala.
La intención se conoció como parte de las conclusiones de una cita bilateral entre los presidentes Gustavo Petro y Emmanuel Macron
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