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El pronunciamiento lo hizo desde Huila, una vez reveló una serie de investigaciones que han adelantado desde la entidad que preside.
La corrupción también ataca el sector salud, así lo demostró el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien anunció que en esa materia se ha perdido $1 billón. El pronunciamiento lo hizo desde Huila, una vez reveló una serie de investigaciones que han adelantado desde la entidad que preside.
El jefe del ente acusador destacó que las indagaciones han girado entorno a Saludcoop así como las empresas que recibieron los usuarios afiliados a esa EPS hoy en liquidación, es decir Cafesalud y hoy Medimás.
“Hemos encontrado un concierto para delinquir en este frente que se ha ido volviendo permanente y ha ido mutando en las EPS”, expuso.
Para Martínez lo ideal fue trazar una línea de investigación que permitió identificar el modus operandi de los administradores de las promotoras de salud para acoger los recursos que estaban destinados para la prestación de los servicios.
“Durante el funcionamiento de la EPS Saludcoop, esto habría ocurrido a través de su holding empresarial, con la adquisición de bienes muebles e inmuebles al servicio de diversas empresas”, dijo y añadió que una vez la EPS fue intervenida por orden de la Superintendencia Nacional de Salud, “posiblemente se contrataron IPS con enormes sobrecostos, a través de una modalidad denominada por presupuesto”.
A juicio de Martínez, el momento en donde se habría “replicado la práctica que presuntamente enriqueció a diversos prestadores", ocurrió en la liquidación de Saludcoop.
Para el fiscal, en la enajenación de Cafesalud y el surgimiento de Medimás EPS se han suscitado diversas controversias societarias y posible apropiación de recursos a través de las empresas que tienen participación indirecta en esta entidad.
Pues, desde el ente acusador, se han detectado posibles anticipos que no encuentran justificación e incumplimiento en el pago del precio de la venta de ese activo de Saludcoop, lo que dificulta el pago de las acreencias debidas por esa entidad a los prestadores de salud, directos afectados.
Por último, Martínez Neira señaló que está en riesgo la prestación del servicio en el caso de Medimás porque “no están resueltos los contratos de arrendamiento, ni el contrato de la venta de los activos intangibles, ni de la venta de las acciones. Estamos en una situación como de hibernación en cuanto al tema de los contratos”
Destacó que la venta de la EPS no se llevó a cabo y allí el rigor del sistema de supervisión y de las autoridades estatales tiene que ser determinante para no afectar la prestación del servicio en el marco de la intervención especial que ha dispuesto la Superintendencia de Salud.
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