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Luis Fernando Andrade le habría dado órdenes para que eliminara algunos registros de las visitas que a esa entidad hizo Bernardo ‘Ñoño’ Elías y de Roberto Prieto.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la vicefiscal, María Paulina Riveros, le enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, para manifestarle que se declaran impedidos para conocer del principio de oportunidad que suscribirá Juan Sebastián Correa dentro del expediente del caso Odebrecht.
Correa Echeverri fue funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura y, según la Fiscalía, Luis Fernando Andrade le habría dado órdenes para que eliminara algunos registros de las visitas que a esa entidad hizo Bernardo ‘Ñoño’ Elías y de Roberto Prieto.
Desde la Fiscalía se informó que Martínez Neira y Riveros se tomaron diez días para tomar la decisión del impedimento, conforme lo indican en una carta divulgada hoy por su oficina de prensa.
“El pasado 14 de enero de 2019 llegó al despacho del Fiscal General solicitud de aplicación de principio de oportunidad en favor de Juan Sebastián Correa. Como consecuencia de esto el jueves 24 de enero de 2019, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y la Vicefiscal María Paulina Riveros se declararon impedidos por cuarta vez”, dice la misiva.
Entre las razones que esgrimieron los jefes del búnker indican que toda vez que Correa será testigo en el juicio contra Andrade “se configura un impedimento ante la pública, mutua y sobreviniente animadversión entre el Fiscal General y el señor Andrade, al punto que este último se ha referido al jefe del ente investigador como su ‘enemigo’”.
En el comunicado dirigido al magistrado Barceló se pide, además, que ese principio de oportunidad sea remitido directamente a Leonardo Espinosa, el fiscal ad hoc designado por la propia Corte para que se haga cargo de los casos en los que Martínez y Riveros se han declarado impedidos, entre ellos el famoso contrato de estabilidad jurídica y los procesos que se adelantan con la adición Ocaña Gamarra.
Sobre el contrato de estabilidad jurídica vale recordar que la Fiscalía investiga pagos de coimas por valor de 4.000 millones de pesos por los cuales los exsenadores Antonio Guerra de la Espriella y Bernardo Miguel Elías están en líos con la justicia.
Por la suscripción de este documento, Luiz Antonio Bueno Jr. Yesid Arocha, Luis Pico Pastrana, Javier Alberto Hernández, Hernando Mario Restrepo, Federico Gaviria y Otto Nicolás Bula se encuentran en etapa de indagación.
Por la adición Ocaña Gamarra se dice que hubo coimas por 4.6 millones de dólares en las que tuvo participación el exsenador Otto Nicolás Bula, capturado en enero de 2017. Sobre este tema, la Fiscalía dijo que “para obtener esta adición se habrían efectuado pagos ilícitos superiores, a través de contratos ficticios celebrados en Colombia”.
De este expediente vale recordar que actualmente están con alguna medida de detención Eduardo José Zambrano Caicedo, Federico Gaviria, Gabriel Dumar, Gustavo Torres y Mauricio Vergara.
No obstante, el preacuerdo que estos procesados firmaron con la Fiscalía se encuentra quieto ya que en la audiencia del pasado viernes trascendió que Espinosa iba a revisar esos principios y verificar qué tan efectiva ha sido la colaboración de la justicia en este caso puntual. Hasta finales de febrero quedó programada la diligencia para conocer si se da el visto bueno a ese documento o se debe redactarse uno nuevo.
Por esta adición también están salpicados Bernardo Miguel Elías Vidal y otros diez congresistas por lo que se remitió ese expediente a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría para que realizarán las pesquisas de rigor.
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