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Para la calificadora la independencia del regulador de Colombia ha sido un factor clave para los perfiles crediticios de las empresas
Hace algunos días quedó listo el borrador de decreto con el que el presidente, Gustavo Petro, asumirá el control de la regulación de los servicios públicos en el país.
Ante dicha situación Fitch Ratings explicó que, la falta de un marco regulatorio independiente con un proceso de fijación de tarifas que no siga consideraciones técnicas para remunerar las inversiones de capital, podría socavar la confianza de los inversionistas y comprometer la expansión necesaria del sistema, así como la calidad del servicio.
La calificadora pronosticó entonces que la demanda de electricidad de Colombia crecerá aproximadamente 2% en 1.500 gigavatios hora, además del crecimiento de 2.500 gigavatios hora del año pasado, lo que implicaría que se necesiten 1 gigavatio hora de capacidad adicional anualmente para satisfacer el crecimiento de la demanda, todo esto sin ejercer una presión adicional sobre los precios de la energía lo que requeriría generación de fuentes renovables no convencionales con factores de capacidad que oscilan entre 20% y 25%.
Hecho que según Fitch Ratings podría reducir las inversiones en los proyectos de distribución y transmisión requeridos, podrían afectar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico y aumentar las tarifas dado el riesgo de mayores pérdidas de energía y costos de restricción, especialmente en la región costera.
Estas presiones podrían darse bajo el evento climático como El Niño, donde las actuales centrales eléctricas a gas de mayor costo marginal tendrían que ser despachadas.
Para la calificadora la independencia del regulador de Colombia de las intervenciones del gobierno ha sido un factor clave que ha respaldado los sólidos perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos calificadas.
“La sólida estructura regulatoria de Colombia ha sido generalmente positiva para los perfiles crediticios de los emisores calificados, equilibrando el interés de los usuarios finales con los retornos de las empresas de servicios públicos, a pesar del retraso ocasional en el ciclo de revisión de tarifas. El marco regulatorio ha respaldado flujos de efectivo estables y predecibles para los participantes del mercado, lo que ha mejorado el acceso al capital, lo que ha permitido aumentar la cobertura y mejorar la calidad del servicio”, explicó la entidad.
Agregando además que la mayoría de las empresas de servicios públicos colombianas tienen perfiles crediticios sólidos acordes con calificaciones de grado de inversión bajo y perspectivas de calificación estables y que un cambio estructural material en el entorno regulatorio de la electricidad debido a la interferencia política sigue siendo una preocupación para las empresas de generación, distribución y transmisión de electricidad, e indirectamente para las empresas de distribución de gas natural y agua.
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