Futuro de negociadores del ELN está en las manos de la política internacional

Las expectativas del país y de la comunidad internacional están puestas en lo que pueda pasar con los exnegociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional que permanecen en Cuba, luego de que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunciara la decisión de levantar la mesa de diálogos con este grupo armado tras confirmarse que fue el responsable del atentado en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.

Cuando el jefe de Estado notificó a los colombianos esta decisión, dijo que el Gobierno levantaba a partir de ese momento la suspensión de las órdenes de captura contra los diez miembros de la delegación de paz de esa guerrilla, por lo que le pidió a Cuba capturar y trasladar a los mismos a territorio colombiano para que fueran juzgados por las autoridades.

Sin embargo, Cuba, a través de los canales diplomáticos, señaló que debía seguir los protocolos firmados con el Estado y los demás países garantes del proceso (Noruega, Chile y Brasil), en relación a lo logística a seguir tras el levantamiento de la mesa de diálogos. El Gobierno colombiano fue enfático en decir que desconocía dicho pacto por haberse firmado con el anterior Gobierno e insistió en que la isla hiciera valer el acuerdo de extradición firmado entre ambas naciones.

Carlos Patiño, experto en relaciones internacionales, sostiene que la única salida que le queda al presidente Duque para resolver el futuro las relaciones internacionales entre ambas naciones y de los exnegociadores es la política. Esto significa sentarse a negociar tanto con Cuba como con los tres países garantes del proceso, en especial ahora que Noruega manifestó que respeta el documento.

“Noruega a petición del Gobierno colombiano aceptó asumir el papel de país garante. Noruega valora y se toma muy en serio esta responsabilidad y la confianza depositada en nosotros (…) Noruega, junto con los demás países garantes, ha firmado varios documentos, inclusive el Protocolo establecido en caso de ruptura de la negociación de diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN (…) Como facilitador y garante consecuente, Noruega debe cumplir con sus compromisos”, comunicó el país.

Patiño explica que el camino diplomático es el único que permitiría resolver qué pasará con la ahora exdelegación de paz del Gobierno, debido a que no existe ninguna instancia internacional que pueda resolver este cruce de versiones entre Estados. Sin embargo, el experto dice que normalmente los pactos entre naciones se respetan, bajo el principio del Derecho Internacional.

“El Gobierno del presidente Duque tiene un argumento fuerte cuando alude a la sentencia de la Corte Constitucional del año 2016, que dice que las políticas de paz son políticas gubernamentales y no Estatales, en ese contexto tiene un argumento a favor muy fuerte e importante”, señala el analista.

Según el experto, Duque debe valorar que con este proceder puede cerrar las puertas a que otros países sirvan como mediadores en eventuales negociaciones con el ELN u otro grupo armado. Dice que también hay que reconocer que este grupo armado cometió un grave acto terrorista.

Manuel Alejandro Correal Tovar, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad Libre, indica que pese a que el documento no surtió procedimientos internos, al igual que otros pactos internacionales, no obstante es un acuerdo entre Estados y no entre Gobiernos y por tanto quienes lo suscribieron deben cumplirlo.

“El Gobierno Nacional está cometiendo una equivocación al creer que fue un acuerdo del anterior Gobierno, cuando lo que estaba haciendo al anterior Gobierno era obligar al Estado. El protocolo de Ginebra es el que le da las facultades a los Estados para que celebren acuerdos, como el de las FARC, que está en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, dice Correal.

Sin embargo, señala que para resolver la suerte de los exnegociadores del ELN se podría acudir a los mecanismos de solución pacífica de controversias, como lo contempla la Organización de las Naciones Unidas, pero advierte que el Derecho Internacional está del lado de Cuba.

Hace pocas horas, a la controversia se sumó el pronunciamiento de Chile, que pese a no expresar su posición frente a los protocolos firmados, sí fue categórico en manifestar su condena al acto terrorista perpetrado por el ELN.

“Manifestamos nuestro profundo rechazo al ELN, que ha reconocido la autoría de estos hechos y otorgamos nuestro total apoyo al gobierno de Colombia en su firme determinación de llevar a la justicia a los responsables de este brutal acto terrorista”, afirmó el país garante.

Víctor de Currea sostiene que el Gobierno cubano es autónomo en las decisiones que tome en su territorio y, en este sentido, podría permitir la evacuación de la delegación hacia el territorio venezolano, a la luz de los protocolos firmados entre los países garantes. “Lo que se dificultaría sería el tránsito de los negociadores de Venezuela hasta la frontera colombiana, pero Colombia no puede hacer nada que viole los territorios, porque actuaría en contra del Derecho Internacional”.

“Los guerrilleros no están en Cuba porque salieron huyendo del país sino por una negociación de paz. Cuba facilitó su territorio como sede alterna, porque Colombia se lo pidió y ahora el Gobierno está dando un ejemplo terrible a los demás proceso de paz”, agrega De Currea.

No obstante, indica que la solución debe ser mediada por el diálogo político entre los Estados, teniendo en cuenta la imagen que Colombia está proyectando a nivel internacional, porque el país puede empezar a ser visto como un Estado que no respeta los pactos multilaterales.

Los protocolos contemplan que la delegación del ELN tiene 15 días para reunirse con los países garantes y el Gobierno Nacional para definir la logística de retorno a las condiciones en las que estaban antes de empezar la negociación, por esta razón la mejor salida es la deliberación con países garantes. Según Manuel Alejandro Correal Tovar, si se decide hacer uso de los mecanismos internacionales para la resolución de controversias, estos podrían tardar más del tiempo que establece el documento en cuestión.