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El Ministerio de Ambiente demandó ante el Consejo de Estado la licencia ambiental para la ampliación del corredor vial
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, alificó como "una intromisión más del Gobierno Nacional" la demanda del Ministerio de Ambiente ante el Consejo de Estado contra la licencia ambiental para la ampliación de la Avenida Boyacá.
"Otra intromisión más del Gobierno Nacional en asuntos que deben ser definidos por Bogotá y que, por cierto, la ciudad ya definió", escribió Galán en su cuenta de X.
En el mensaje, el mandatario local aseguró que el Gobierno "está haciendo todo para bloquear la posibilidad de que se avance en una obra estratégica para la movilidad de Bogotá".
"Esto hace parte del desarrollo organizado con las compensaciones ambientales necesarias que requiere la ciudad. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para hacer respetar la autonomía de Bogotá", complementó Galán en su publicación.
Según reveló Caracol Radio, la demanda contra la licencia ambiental fue admitida y el CAR perdió entonces la competencia para decidir, quedando en manos de la decisión del Consejo de Estado.
La autorización ambiental fue entregada el pasado 28 de diciembre de 2023. Vale recordar que la ampliación contempla el tramo comprendido entre las calles 183 y 235 en el norte de Bogotá con la construcción de 4,9 km de vía en la zona rural de la localidad de Suba.
"La medida adoptada por la autoridad ambiental corresponde a la solicitud interpuesta por la Sociedad Fiduciaria Bogotá S.A., El Distrito Capital y el fideicomiso Lagos de Torca, asociada a la intervención en la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen”, señaló la CAR en un comunicado de prensa de ese momento.
El pasado 15 de noviembre fue entregado el concepto favorable por parte del IDU. La ANI debe radicar el proyecto a la Anla
La medida aplicará tanto a quienes tienen deudas como a aquellos que cuentan con una facilidad de pago y no han cumplido
Miguel Silva explicó que este proyecto es de competencia del Gobierno Nacional y que la ANI tiene la responsabilidad principal sobre su ejecución