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Un llamado a las autoridades hizo Evamaría Uribe, presidenta de Gasnova, para que tanto Ministerios como entes de control tomen medidas más contundentes y aumenten el control al negocio ilegal del gas propano (GLP), que le quita al sector unos US$131 millones al año.
Adicional a esto, la dirigente señaló que es necesario que se fomente el reconocimiento de los cilindros legales, lugares de distribución y otros temas relacionados con la inseguridad de adquirir GLP que no es certificado.
“Los 12,5 millones de usuarios de gas propano en el país deben ser conscientes de que sólo los cilindros legales generan seguridad. Empresarios nacionales y extranjeros han invertido en los últimos años más de US$360 millones en cilindros de calidad”, aseguró Uribe.
Como parte de esta necesidad, el gremio avanza actualmente en un estudio que mostrará el alcance de este negocio y los efectos negativos que deja la ilegalidad. Según la entidad, se espera que los resultados de dicho análisis se conozcan en una semana.
Pese a ello, Gasnova ya ha dado a conocer algunas cifras en el tema. El gremio estima que 20% del mercado local está dentro de la ilegalidad y que incursiona en nuevos métodos para desarrollar su actividad.
Solo en la capital se cree que hay unos 10 llenaderos ilegales, ubicados en zonas como Soacha, Cazucá y Bosa, que tienen sus instalaciones en parqueaderos, bajo pobres condiciones de seguridad.
“Las mafias que controlan el mercado ilegal de este combustible no lo manejan bajo las condiciones mínimas de calidad que se deben mantener”, aseguró Uribe al prevenir sobre el riesgo que representan estas condiciones para la vida.
A su vez, instan en que el Gobierno debe tomar una decisión consecuente con las metas que tiene el país en reducción de inflación
En el documento se lee que el aumento al salario mínimo es un incremento importante frente a la inflación proyectada para el 2024
Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP