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Carmen Eugenia Davila, directora de Gestarsalud
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Gestarsalud advirtió que si no se define el incremento de la UPC antes de que acabe el año, se ajustará con la inflación causada
La directora de Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, Carmen Eugenia Dávila, señaló que, a 12 días de finalizar el año, aún no se define el incremento de la UPC. Anotó que si no se publica la resolución que establece el aumento, se ajustaría automáticamente de acuerdo con la inflación causada, lo que, a su juicio, traería graves consecuencias financieras para el sector, ya que no se estarían considerando aspectos como el incremento de frecuencias de uso.
“El incremento de la UPC es la decisión que más impacta en los siguientes aspectos: sostenibilidad del sistema de salud, en el funcionamiento de las aseguradoras y prestadores y, particularmente, en la garantía del derecho a la atención en salud de todos los usuarios del país”, afirmó Dávila.
A través de una carta enviada al Ministerio de Salud, Gestarsalud solicitó que para el cálculo de la UPC del próximo año se tenga en cuenta factores como el aumento en las frecuencias de uso, el incremento de la siniestralidad y el incremento del costo en la atención de la población post covid-19, ya que después de la pandemia la población está consultando con más frecuencia.
Según Gestarsalud, para el cálculo de la UPC, el Ministerio debe considerar también la inflación causada y la proyectada, el incremento del costo de la atención de usuarios en zonas dispersas y los traslados masivos de afiliados. La entidad gremial sumó a este panorama el ajuste al plan de beneficios en salud, con la incorporación de nuevos servicios que anteriormente se financiaban a través de presupuestos máximos.
La directora de Gestarsalud reiteró la necesidad de la unificación de la prima pura de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado, ya que aún existe una brecha entre estos a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó equipararlas en 95%.
Según datos del gremio, entre 2022 y 2023 esta brecha se ha ampliado, llegando a 11%. Es decir que por cada afiliado al régimen subsidiado el Estado dejó de pagar un promedio de $128.637 destinados a cubrir las necesidades en salud de la población más pobre y vulnerable, lo que equivale a aproximadamente $3,3 billones en el agregado nacional.
La directora del gremio recordó que el ciclo de pagos de presupuestos máximos ha sido demorado, que a la fecha no se ha revisado ni pagado la mayor ejecución de 2022 y que aún quedan rezagos de años anteriores. En cuanto a 2023, no se han asignado los recursos para noviembre y diciembre, y la mayor ejecución no se ha revisado ni reconocido. “Es indispensable que se pague la mayor ejecución que para nuestro gremio asciende a más de $1 billón”, señaló.
Dijo, entre otros, que los impuestos y los subsidios, herramientas del Gobierno para enfrentar la pobreza, pueden fracasar en el largo plazo
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