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10 millones de personas será la participación requerida para que el resultado del referendo sea obligatorio
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El comité promotor comenzará la propuesta de conseguir mayores ingresos, aunque el DNP ya preparó una reforma a las regalías
Para este martes está programada en Bogotá la socialización del Comité Promotor de Referendo, que servirá como propuesta para dar autonomía fiscal para las regiones. Dicho referendo busca ampliar los ingresos de los departamentos.
Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, dijo que, en caso de que los departamentos asuman la administración del impuesto de renta y el impuesto al patrimonio, la Nación vería una reducción de $140 billones en sus ingresos.
Esta situación podría llevar a la Nación a implementar recortes presupuestarios, asegura Pardo, siendo las transferencias del Sistema General de Participaciones una posible área afectada, que suman $70 billones. Mientras que el segundo candidato sería la inversión, que suma $100 billones.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, principal defensor de la propuesta, afirmó que el ingreso que generan las regiones debe regresar a resolver los problemas propios, lo que beneficiaría a 27 de 32 departamentos.
“No se trata de privilegiar departamentos ricos por encima de otros, todos ganaríamos”, dijo el gobernador.
“Contablemente, si los departamentos quieren apropiarse de $140 billones de ingresos tributarios, tendrían que responsabilizarse de la inversión y del SGP”.
En 2023, Bogotá lideró el recaudo fiscal, aportando 14,74% del total, es decir, $41,1 billones de $278,9 billones recaudados, según la Dian. Medellín y Buenaventura siguieron con aportes de 4,88% y 4,86%, respectivamente.
En una cuarta casilla se encuentran Cali y Barranquilla, con aportes de 1,90% y 1,15%.
Darío Indalecio Restrepo, director de la Misión de Descentralización del Departamento Nacional de Planeación, afirmó que la propuesta es preocupante, ya que concentra los recursos donde ya hay. Sin embargo, afirmó que “generamos marañas institucionales llenas de costos de transacción y de pasos que todo lo vuelven lento, más costoso. Y cuando ya sale la plata, el proyecto cuesta más”.
La entidad propone mejorar la implementación de políticas públicas; reformar la organización territorial con ayuda de los ciudadanos; asegurar que al menos 31% del dinero de la Nación vaya a los departamentos, con especial atención a territorios étnicos y ambientales; reformar las regalías, y establecer una única regla fiscal para todas las regiones cuando se trate de gastar y tomar deuda.
De acuerdo con Pardo, sí es posible hacerlo siempre y cuando los departamentos se responsabilicen de los gastos. Además de los retos en la deuda pública de proyectos de inversión en el territorio.
“Si los departamentos quieren apropiarse $140 billones, 30% de la Nación, entonces tienen que sumar el 30% de los gastos”, dice el director fiscal.
Además, Pardo asegura que la Nación podría tener dificultades para obtener ingresos, lo que sería un riesgo para el pago de las deudas, incluyendo a los responsables de estos montos.
La propuesta busca modificar el artículo 298 de la Constitución, la cual dicta que cada departamento decide cómo administrar sus recursos dentro de la ley. El objetivo de las regiones es gestionar el gravamen de renta de patrimonio de las empresas y personas. Para lograrlo, buscarán que los departamentos colaboren eficientemente, manteniendo la estabilidad financiera del país.
Así, necesitarán un comité promotor y dos millones de firmas para el debate en el Congreso. Si se aprueba, la Corte Constitucional revisará los requisitos y luego el Gobierno convocará el referendo para más de 10 millones de personas.
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