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Manifiestan que afectaría el ingreso de los departamentos, y, en consecuencia, reduciría la inversión en salud, educación y deporte en las regiones.
La Federación Nacional de Departamentos (FND), manifestó la inconformidad de los gobernadores después de haber revido la propuesta incluida en el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo que pretende modificar las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos.
Los gobernadores han encendido las alarmas por lo que consideran un grave ataque contra las finanzas regionales y, en consecuencia, se reduciría la inversión en salud, educación y deporte en las regiones.
La mencionada reforma desconoce que la Ley 1816 de 2016 establece que una parte del impuesto se determine sobre el precio de venta de los licores y otra parte, según la cantidad de alcohol que contengan los mismos.
A través de un comunicado la FND explicó que la propuesta incluida en el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo plantea aplicar una tarifa única por grado de alcohol para los licores y aperitivos, y otra para vinos y aperitivos vínicos, eliminando el componente que permitía cobrar más impuesto a los licores que son más costosos, medida que retrocede los logros alcanzados con la ley 1816 de 2016.
"Lo anterior, constituye una iniciativa que busca la igualdad, pero sacrificando claramente la equidad que debe prevalecer en el sistema tributario de los colombianos", dice el texto.
Así mismo, señala que esto implicaría que los licores que tienen un menor precio de venta y a los que accede la mayoría de la población colombiana, como el aguardiente y rones nacionales, tengan que pagar más impuestos; mientras que los licores importados, como whiskys, vodkas y tequilas que normalmente tienen precios mayores, se les disminuya el aporte que realizan al Estado. Esto afectaría directamente el mercado, por una tendencia del consumidor a comprar productos importados.
Otra señal de alarma identificada por la institución es el error de incluir esta norma en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, pues desconoce el Principio de Unidad de materia de las leyes, ya que como puede verificarse, no existe una conexidad directa y estrecha entre esta norma y los objetivos y metas generales del Plan Nacional de Desarrollo. "Es decir, la propuesta constituye una reforma tributaria a uno de los principales impuestos departamentales sin ningún análisis o impacto de la disposición", dice el comunicado.
Esto, según la FND, es menos admisible si se tiene en cuenta que el Congreso acaba de tramitar una reforma tributaria en la denominada Ley de Financiamiento, que tuvo amplios espacios de debate específicos sobre esta temática. Incluso, se presentó una proposición con similar alcance que no fue aprobada por el Congreso de la República ni avalada por el Gobierno Nacional.
En ese sentido, añaden que incluir la modificación implicaría un cambio en las reglas para la liquidación del impuesto al consumo de licores en la mitad de la vigencia, sin tener en cuenta los posibles impactos en el recaudo y la eventual afectación en el cumplimiento de los Planes de Desarrollo Departamentales de los actuales gobernadores.
El 13 de febrero en reunión celebrada entre el Viceministro general de Hacienda, la Consejera Presidencial para regiones; y el presidente, director ejecutivo y subdirectora de fortalecimiento territorial de la FND, se estableció que el próximo 18 de febrero, se reunirán los Secretarios de Hacienda en la sede de la Federación Nacional de Departamentos para revisar el impacto del articulado de manera conjunta y entregar un documento técnico que será analizado por el Ministerio de Hacienda.
Por último, "la FND se une a la petición hecha por el presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Carlos Chacón en una carta enviada al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y a la Directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Amparo Alonso en el cual expone la misma preocupación y hace una proposición de artículos para evitar que a los departamentos se les reduzcan sus ingresos, pues esta decisión es un trago amargo que los gobernadores no están dispuestos a pasar", dice.
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