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En caso de aprobarse la propuesta original de reforma al SGP, 8,2% del PIB representarían los ingresos corrientes.
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Los ponentes tuvieron siete acuerdos para destrabar el proyecto, que incluyen aumentar el plazo de aplicación a 12 años y condicionar su entrada en vigencia
La puja por la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, tiene haciendo cuentas a más de uno. El Gobierno habría escuchado a los analistas que alertaban porque la propuesta, tal y como se había presentado en el sexto debate, es inviable fiscalmente; es por eso que de 46,5% de los ingresos corrientes, se bajará el umbral a 39,5%, en línea con los reclamos.
El senador Ariel Ávila, ponente del proyecto de acto legislativo anunció los siete acuerdo a los que se llegó con el Gobierno Nacional para lograr su paso por el sexto debate.
Además de reducir el monto de transferencias a las regiones y municipios, también se acordó ampliar el plazo de transición de 10 a 12 años.
También se reforzó el tema de la ley de competencias para cuidar las cuentas fiscales del Estado. La reforma constitucional no entrará en vigencia hasta que se apruebe la ley de competencias por parte del Congreso y se reduce a seis meses el tiempo para presentarla.
También se establecieron acuerdos en temas de salud y educación para cerrar la brecha con las regiones más pobres.
El acuerdo final estuvo un poco más arriba de lo que dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el que planteó un umbral de 37% para las transferencias del Estado. En mayo, el viceministro técnico, Diego Guevara, emitió un concepto que señala que el país no tiene la capacidad de tolerar financieramente, ese aumento de las asignaciones.
“Este Ministerio, en el marco de las competencias establecidas en la Ley 819 de 2003, rinde su concepto fiscal sobre el proyecto de acto legislativo del asunto, absteniéndose de emitir concepto favorable y solicita que se tengan en cuenta sus consideraciones para las deliberaciones legislativas respectivas”, concluye el concepto del Ministerio de Hacienda.
Pero esta postura fue desestimada hace unos días, por el mismo ministerio, señalando que la reforma es viable, siempre y cuando el proyecto vaya acompañado de una ley de competencias, que permite transferir funciones del Gobierno a los territorios, lo que garantizaría la sostenibilidad fiscal.
“Los conceptos emitidos hasta el momento por el Ministerio de Hacienda, se han realizado conforme a los textos aprobados en los respectivos debates, donde no estaba claramente definida la relación entre la ley de competencias y la entrada en aplicación del Acto Legislativo en caso de ser aprobado. Esta preocupación, ampliamente manifestada, pretendía evitar llegar a un escenario donde la Nación tuviese que distribuir más recursos sin la debida transferencia de competencias”, sentenció la entidad.
“Lo que decimos es que la versión que salió del quinto debate es absolutamente insostenible fiscalmente. Hay que hacerle varias modificaciones”.
“Debe supeditarse una ley de competencias para los municipios, es decir, que trasladen competencias que hacía la nación con sus recursos, evitando que aumente el déficit fiscal”.
El presidente, Gustavo Petro, también entregó sus propias propuesta sobre la iniciativa a la que expresó su respaldo, pero enunció unas condiciones para continuar la discusión.
El mandatario dijo que la aplicación debe ser gradual, y tiene que acompañarse con una ley de competencias.
“El aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria para los municipios, en educación debe contemplar la educación de tres años de preescolar, la jornada única, los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media”, posteó Petro en su cuenta de X.
El acuerdo con el Congreso también difirió de la propuesta del ministro Bonilla el plazo para su aplicación ya que lo proponía entre 15 o 20 años.
La postura de Bonilla está alineada con la de Corficolombiana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y Anif, quienes alertaron por que la propuesta, tal y como está presentada, generaría un aumento desmesurado de la deuda y del déficit.
“Una mala calibración de la fórmula de descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del Gobierno y otras entidades de orden subnacional, sino del sector privado,afectando así el crecimiento, la inversión y el empleo en todo el país”, explicó Anif en un comunicado.
El Centro de Estudios Económicos propuso que el incremento de los ingresos corrientes pase de 23,8%, monto actual a 35% en los próximos 10 años.
Por parte de Corficolombiana, consideran que la propuesta sin definir la asignación de responsabilidades es como dar “un salto al vacío”, por lo que alternativas como la de Anif sería “menos arriesgada”.
“Este proceso debería ser gradual, comenzando con la asignación de competencias, estableciendo un límite máximo y retrasando su entrada en vigencia”, dijo.
A través de una carta, 27 exministros de Hacienda rechazaron la iniciativa que cursa el sexto debate en el Congreso. Los firmantes le piden a los senadores y representantes reconsiderar el proyecto y que se abran más escenarios de discusión.
“Los gastos inflexibles del Presupuesto General de la Nación ascienden, según el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno, e incluyendo el Sistema General de Participaciones, a la suma de $362,4 billones, es decir el 113% de los ingresos corrientes proyectados por el Gobierno, aun incluyendo dentro de éstos los $12 billones adicionales con los que espera contar si se aprueba la Ley de Financiamiento”, reseña el comunicado, que también contó con el respaldo de Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
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