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Asocapitales fue la primera organización en acatar la medida al anunciar que en 2023, las tarifas de transporte masivo subirán 12,53%
Esta semana la Mesa de Concertación salarial acordó aumentar el mínimo del próximo año en 16%, por lo que salario base quedará en $1,16 millones ($1.116.000). Pero esta es solo una de las medidas que planea el Gobierno Nacional para proteger el poder adquisitivo en 2023.
Es común que cada año varias actividades y servicios suban de precio al mismo ritmo que lo hace el salario mínimo, por lo que el incremento real no se ve reflejado para los hogares.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó ayer que los precios de los servicios públicos, los arriendos, los alimentos, la energía eléctrica y el transporte público no deberían subir más de 13% el próximo año para que se note el aumento de 16% del mínimo.
La primera organización en atender el llamado del Gobierno fue la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que reúne a los alcaldes de todas las principales ciudades capitales.
“Ni los arriendos, ni la energía eléctrica y los servicios, ni el transporte, ni la comida deben crecer 13% el próximo año. Hay que bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja”.
“Tomamos con seriedad la responsabilidad de lograr una decisión que tuviera en cuenta simultáneamente factores como el poder adquisitivo de hogares y empleados y la competitividad de las empresas”.
“Hemos tomado la decisión de aumentar las tarifas de transporte de nuestros Sistemas Masivos, únicamente en la variación anual del IPC a noviembre de 2022, que equivale a 12,53%”, anunció la organización a través de un comunicado.
Esto quiere decir que un pasaje de Transmilenio, que este año vale $2.650, pasaría a costar $2.982 con el alza de 12,53% anunciado por Asocapitales.
La tarifa sería de $3.074 si se fijara con el alza del salario mínimo de 16%. En cualquier caso, el pasaje del Transmilenio rondará los $3.000 el próximo año.
Pero esta no es la única medida que planea el Gobierno. Petro les solicitó a las comisiones reguladoras de servicios públicos desligar las tarifas de servicios del índice general de precios y de factores especulativos.
Para ello, los ministerios de Trabajo, de Minas y de Hacienda se comprometieron con la Mesa de Concertación, de la que también hacían parte los empresarios y trabajadores, a revisar la fórmula para calcular el costo del kilovatio de energía.
Además, el Ministerio de Trabajo prepara una serie de actos administrativos para desatar del mínimo 204 actividades.
Para ello necesita expedir 170 decretosy resoluciones y 34 proyectos de ley para desatar del mínimo estos elementos que identificó. Se incluye un paquete inicial de 50 actividades en un decreto y los 34 finales, que necesitan un proyecto de ley, se integrarán al Plan Nacional de Desarrollo.
Otro recálculo que se va a dar es el de la tasa de usura, una de las principales quejas de los sindicatos en la negociación del mínimo y que tiene el apoyo del presidente Petro.
“Hay que bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja del mercado”, dijo el Presidente ayer a través de sus redes sociales.
Las actividades ligadas al salario mínimo que pueden ser desindexadas
El Ministerio de Hacienda le entregó a la Mesa de Concertación un estudio de los elementos indexados al salario mínimo y su peso en el IPC.
Entre las actividades y servicios vinculados al agro indexados al mínimo y que más le aportan al IPC están la producción y comercialización de carne de res, de cerdo y de leche, además de los servicios veterinarios. También las matrículas de educación superior, los pasajes intermunicipales, interveredales e internacionales, las cuotas moderadoras a las EPS, entre otros.
El pasado 15 de noviembre fue entregado el concepto favorable por parte del IDU. La ANI debe radicar el proyecto a la Anla
La medida aplicará tanto a quienes tienen deudas como a aquellos que cuentan con una facilidad de pago y no han cumplido
Miguel Silva explicó que este proyecto es de competencia del Gobierno Nacional y que la ANI tiene la responsabilidad principal sobre su ejecución
