Gobierno comenzará a estudiar propuesta de salario regional este mes

Como una propuesta con más pros que contras calificó el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, la posibilidad de establecer un salario mínimo específico para cada región que esté acorde con sus necesidades.

El Gobierno iniciaría una gira por todos los departamentos para estudiar la situación. “Los salarios tienen que empezar a discutirse desde enero para determinar los factores que afectan la variación”, dijo Garzón.

El respaldo a la medida, según el titular de la cartera, se relaciona con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 cuya premisa es construir lo público desde lo local.

La iniciativa que se planteó desde finales de 2014 fue recientemente respaldada por Fedesarrollo como una solución al desempleo y a la informalidad. Según el informe de mercado laboral del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, la fijación del salario mínimo tal como está no tiene en cuenta que en las diferentes regiones del país hay distintos niveles de sueldo medio, lo que impacta en el costo de vida.

Sin embargo, Garzón reconoce que es necesario revisar los efectos de la medida, pues algunos expertos señalan que podría incrementar la migración entre ciudades.

Libreta militar para laborar
El ministro también anunció que va a insistir por todos los medios para “quitar el retén que hay en relación a la libreta militar”. Según un análisis de los datos del portal del Servicio Público de Empleo, por cada cinco personas laboralmente inactivas, dos no han resuelto su situación con respecto a la expedición de la ‘tarjeta de reservista’, como es denominada por el Ejército, por lo que no aplican a procesos de selección.

Una de las etapas consiste en impulsar una iniciativa que ya cursa en el Congreso de la República, “mediante persuasión”, aseguró Garzón, “pues en el posconflicto es más importante un joven empleado que en la guerra”.

Luis Ernesto Gómez, quien a partir de febrero se posesionará como nuevo viceministro de Empleo y Pensiones, explicó que se trata de un trámite legislativo para modificar la Ley 48. “Estamos revisando la situación de personas que están en mora para solucionarlo desde todos los frentes”.