MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
De acuerdo con la entidad, la audiencia contó con la asistencia de representantes de la firma aseguradora Segurexpo y del propio concesionario, quienes participaron activamente del trámite adelantado en la audiencia.
“Luego de la lectura y detalle de los hechos que motivaron el inicio del proceso por parte de la interventoría, la audiencia se suspendió para que fuera reanudada el próximo miércoles 15 de julio de 2015 a las 11:00 a.m”, señala la ANI.
El pasado diez de junio, el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Germán Córdoba, inició el proceso preeliminar de caducidad al contrato vial de Bucaramanga, que tiene un valor de $310.000 millones, debido al incumplimiento de las obras.
"La interventoria del contrato de la zona metropolitana de Bucaramanga radicó un informe que plantea cuatro causales de riesgo que podrían paralizar el servicio y nos pide iniciar la caducidad", señaló en ese momento el vicepresidente de la ANI.
Córdoba explicó que el concesionario Autopistas de Santander S.A. (con una posición dominante de 51% de la firma Grodco) fue notificado, al igual que los bancos y las aseguradoras del proyecto para que pueda responder el informe de la interventoria.
El contrato fue firmado el 29 de noviembre de 2006 y tenía como plazo hasta el 2012 para finalizar las obras. Sin embargo, al concesionario se le prorrogó el contrato hasta el pasado 25 de mayo de 2015.
"A hoy, el concesionario sólo ha ejecutado el 81 por ciento de la obra y le hacen falta 9,5 kilómetros por construir", anotó Germán Córdoba.
El proyecto adjudicado contempla la construcción, operación y mantenimiento de tramos entre Rionegro con Bucaramanga y Palenque, para conectar con el aeropuerto y el municipio de Lebrija.
En cuanto a las proyecciones, varias entidades señalaron que la tendencia en recaudo estará a la baja desde 2027, llegando a sus mínimos en 2032
Datos de la Upme revelaron que la oferta lograría un equilibrio mayor al actual, comparado con la utilización de fuentes no convencionales y combustibles fósiles
La medida, impuesta por daño a la industria nacional, según una investigación del Gobierno, estará vigente por próximos dos años
