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Asesores del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, argumentaron a Bloomberg que la reforma será fiscalmente neutral
El cambio constitucional más significativo de Colombia en tres décadas se realizará de una manera favorable para los inversionistas y sin disparar el déficit presupuestario, según dos asesores clave detrás del plan.
La reforma aumentaría drásticamente las transferencias del Tesoro a los gobiernos regionales. Sin embargo, los asesores del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, argumentaron que esto será fiscalmente neutral, ya que el gobierno central se reducirá a medida que las ciudades y las provincias asuman más responsabilidades de gasto.
Si la ley se aprobara en su forma actual, las transferencias del gobierno central aumentarían más de la mitad, hasta 39,5% de los ingresos del gobierno central para 2040. Los temores de que esto sea insostenible contribuyeron a una ola de ventas de bonos soberanos y moneda de Colombia en los últimos días, ya que los inversores temen que pueda ampliar aún más el déficit, ya que el gobierno ya tiene dificultades para cumplir con sus objetivos fiscales.
Estas preocupaciones son infundadas, dijeron el viernes los asesores de Cristo, Daniel Castellanos y Carlos Prada, durante una entrevista en la oficina de Bloomberg en Bogotá.
“Me duele profundamente que se esté atacando el proyecto de ley, diciendo que atenta contra la sostenibilidad fiscal”, dijo Castellanos, ex ejecutivo de la asociación bancaria de Colombia. “Este proyecto de ley puede tener defectos, pero ese no es uno de ellos”.
El verdadero objetivo de esta reforma es reformar la estructura gubernamental altamente centralizada de Colombia, afirmó Castellanos. Sería la enmienda más importante desde que se aprobó la Constitución del país en 1991, agregó.
Se espera que el proyecto sea aprobado antes de fin de año, ya que ahora sólo falta que pase por la Cámara de Diputados, donde el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene mayoría. De ser así, el Congreso tendría entonces dos años para discutir otro proyecto que detalle nuevas responsabilidades para las autoridades regionales.
Castellanos y Prada señalaron que los gobiernos regionales podrían desempeñar un papel más importante en el mantenimiento de las carreteras regionales, el suministro de agua potable y la asistencia a las víctimas del conflicto.
“El país va a cambiar su organización como Estado”, dijo Prada, ex funcionario del Ministerio de Planeación de Colombia y de su agencia de estadísticas. “Estamos proponiendo que el gobierno central se achique y que las regiones crezcan”.
Castellanos dijo que el Gobierno no ha logrado comunicar eficazmente los beneficios del proyecto de ley, incluso a los inversores sensibles a las perspectivas fiscales.
“Si la calificación crediticia de Colombia se deteriora y todo el mundo espera una crisis fiscal, que la anticipen por las razones correctas”, dijo. “Esto no contribuye a esa crisis”.
El ministro de Finanzas, Ricardo Bonilla, pidió a los legisladores frenar los costos del proyecto de ley y extender su implementación por un período más largo.
El cambio constitucional no requiere la aprobación de Bonilla. Sin embargo, el Congreso también deberá aprobar una ley complementaria que establezca qué responsabilidades asumirían los gobiernos regionales, y el ministerio podría vetarla si considera que es fiscalmente imprudente.
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