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El propósito del gobierno es erradicar la violencia de los lugares que la han soportado durante décadas.
El Gobierno Nacional, en cabeza del alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, presentó su Política de Estabilización a la que denominó 'Paz con Legalidad'.
Con esta política, el Gobierno pretende mejorar la calidad de vida de cerca de 7 millones de personas que habitan en los territorios más golpeados por la violencia y la ilegalidad, con especial énfasis en las víctimas del conflicto armado y en quienes están en proceso de reincorporación.
“Es una visión de largo plazo, con acciones concretas en los territorios y focalizada en los derechos de las víctimas, que articulará la presencia del Estado en 16 subregiones. El gobierno tiene claro el norte de la política de estabilidad: ya se hicieron los ajustes pertinentes y se definió su rumbo. Nos corresponde ahora a nosotros el trabajo de llevarla a cabo y convertirla en una realidad palpable para las comunidades”, explicó Archila.
El plan de estabilización comprende una intervención, fundamentada en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, en 11.000 veredas de 16 subregiones en 170 municipios, que benefician a 6.6 millones de personas, 2,5 millones de ellas que son víctimas de la violencia.
Según el alto consejero, el propósito del gobierno es erradicar la violencia de los lugares que la han soportado durante décadas para que en el mediano plazo se promueva el emprendimiento y se fortalezca la equidad.
Según la política, la alta Consejería para el Posconflicto articulará la planificación y armonización entre los planes de acción de los PDET, el Plan Marco de Implementación (PMI), los Planes Nacionales Sectoriales, los planes del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos, PNIS, los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), en una sola hoja de ruta, con gestión a nivel técnico de recursos y finanzas y con visión a largo plazo, enfocada en los 170 municipios más afectados por la violencia.
El documento también contempla que con el objeto de adecuar y fortalecer la política de víctimas se deberán realizar ajustes al marco legal de la misma y sus decretos reglamentarios, principalmente en temas relacionados con retornos, reparación individual y colectiva, atención sicosocial, participación, garantías de no repetición.
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