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Aunque el ministro de transporte propone que se aplique este cobro de valorización, analistas de infraestructura no lo ven viable como proyecto a corto plazo
El sector de infraestructura parece estar en un estado de incertidumbre del cual no ha podido salir en las últimas semanas por distintos motivos, entre ellos la poca claridad de los recursos para el avance y mantenimiento de las obras.
Recientemente, el ministro de Transporte, William Camargo, se refirió a la intención de que el costo de los peajes, que fue aumentado 13,12% en enero, tenga un impacto en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del país, pero, además, dijo que este sistema también tiene como finalidad la eliminación de las concesiones viales que están deterioradas.
Según el ministro, 70% de 44 concesiones que recibieron recursos del Estado hace 18 meses tiene problemas de ejecución. Por ello, una de las principales propuestas del Gobierno es el costo de la valorización de las obras que ayudaría a financiar las vías y sus mantenimientos.
Ante esto, el analista consultor en infraestructura, José Alberto Marín explicó que este tema podría funcionar a futuro, y solo si se trata la valorización como una fuente alterna, pero que aun así tomaría años, porque se trata de un proceso complejo. “Incluye la actualización catastral, la gestión con los predios, el área de influencia, más el cobro y recaudo, por lo tanto, esa fuente de pago no va a estar disponible en el corto plazo”, dijo.
“El tema de los peajes seguirá siendo fuente principal de recaudo con las vigencias futuras que apropie el Gobierno alrededor de cada proyecto”, agregó.
En cuanto a las concesiones, Marín aseguró que la ejecución de contratos como el programa de las carreteras 4G que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tienen un avance significativo de 70%.
“Dificultades se han manifestado en la ejecución de los contratos, naturalmente son proyectos complejos que presentan siempre algún tipo de dificultad en mayor o menor grado”, además, indicó que una de las principales dificultades que presentan estos proyectos es el licenciamiento ambiental que incluye la gestión con las comunidades.
Advirtió que este tema siempre ha sido una barrera, “para poder ejecutar rápidamente los proyectos, a pesar de que en los últimos años ha permitido mejorar estas gestiones. El hecho de que tengan dificultades contractuales no puede entenderse de que las obras no se estén ejecutando”.
Sobre las vigencias futuras, dijo que son el respaldo y las garantías del Gobierno en cada contrato para el pago de las obras ejecutadas.
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