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El objetivo es contar con un proceso de reorganización abreviado y uno de liquidación simplificado
Con el fin de contar con más herramientas para atender los procesos de insolvencia y facilitar la recuperación de las empresas que enfrentarán dificultades como consecuencia del impacto del covid-19, en especial de las micro y pequeñas empresas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 772 del 3 de junio de 2020, en el marco de las Facultades del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
La nueva normatividad hace énfasis en procesos de insolvencia para pequeñas empresas, cuyos activos sean inferiores o iguales a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el fin de contar con un proceso de reorganización abreviado y un proceso de liquidación simplificado, que atienda las necesidades de las micro y pequeñas empresas, para lo cual se hace énfasis en la resolución de conflictos a través de las conciliación, para la pronta recuperación de la empresa y el empleo, y facilite el pago a los acreedores en el caso de empresas inviables. Todo ello atendiendo a las necesidades de la coyuntura de la crisis generada por el covid-19.
“El Decreto Ley 772 adopta medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, que son adicionales y complementan las del Decreto Ley 560 de 2020. Estas medidas permitirán contar con mecanismos que harán los procesos más ágiles y eficientes. Igualmente, se crean dos procesos de insolvencia para la micro y pequeña empresa con menores trámites: el de reorganización abreviada y el de liquidación judicial simplificada. Se espera disminuir en ocho meses la duración de estos procesos en relación con los ordinarios", señaló Juan Pablo Liévano, Superintendente de Sociedades.
Todo ello -agregó Liévano- permitirá de una manera "más eficiente" lograr la recuperación de las capacidades laborales, sociales, productivas y financieras de las empresas para conservar el empleo y agilizar los procesos de liquidación judicial de las empresas inviables para retornar rápidamente los activos a la economía.
El Decreto Ley 772 del 3 de junio de 2020 está vigente por dos años a partir de su fecha de expedición y se sustenta en 5 pilares: la creación de un régimen especial para pequeñas insolvencias, de medidas para el trámite expedito de los procesos de insolvencia, de mecanismos para maximizar el valor de los bienes del deudor y la protección de los compradores de vivienda; beneficios tributarios y la extensión y suspensión de normas y otras medidas.
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