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La cifra es para el bienio 2023 y 2024, el MinHacienda radicó el proyecto con el que propone la distribución de esos recursos de los que 72% llegan de los hidrocarburos
El Gobierno presentó ayer el proyecto de ley que propone la distribución de los recursos por regalías para 2023 y 2024. Lo primero es que esperan que la cifra llegue a $31,3 billones, que de hecho, como segundo punto, esto es equivalente a 2,1% del PIB.
De ese monto, $29,9 billones llegan por los ingresos corrientes, resultado de la explotación del suelo. Es decir, el MinHacienda calcula que el monto de las regalías serán posible los dos siguientes años por $22,6 billones de los hidrocarburos (72% del total), $7,2 billones por la minería (23%) y oro y chatarra con $33.000 millones (menos de 1%).
Para qué se van las regalías
Lo primero es que el Gobierno dice que se va a descentralizar el uso de los recursos, y en teoría serán para ejecutar obras regionales. Por eso definieron que el presupuesto para los territorios será de $29 billones.
Un grupo de $7,5 billones se asignarían directamente para entidades territoriales productoras y puertos. Otros $3,8 billones se pasarían a los municipios más pobres “y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR)”.
“Es contradictorio que el Gobierno busque aumentar las regalías que provienen de un sector que busca desincentivar como el de los hidrocarburos. Los cálculos de sus presupuestos deben tener en cuenta esto”.
Cerca de $10,1 billones serían para los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos. De estos recursos, $6,1 billones serán probados directamente por los departamentos.
Un paquete de $3 billones se orientarían a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $600.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
Alrededor de $3,4 billones financiarían, en el marco de una paz total, proyectos que estabilizan y transforman los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios Pdet, parte de estos recursos ya se encuentran comprometidos en proyectos aprobados en el marco del adelanto ordenado por la constitución.
Otros $694.000 millones serían asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.
Algo más de $299.000 millones se irían para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, este propósito será fortalecido por la inversión de $599.000 millones que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas, así como los $600.000 millones que deberían ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
Cormagdalena recibiría $150.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena. Para el ahorro se destinarían, a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial, $1,3 billones. Así mismo, $299.000 millones serán para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.
También se entregarían $598.000 millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales.
Mandato constitucional
Cabe señalar que el Gobierno dijo que el proyecto de ley da cumplimiento al artículo 361 de la Constitución Política ya que favorece la descentralización de los dineros del Estado para la inversión de los territorios.
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