El Gobierno Nacional entra en la recta final para emitir decreto del Presupuesto 2025

Este lunes comienza el plazo que ofreció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para la promulgación del decreto del Presupuesto General de la Nación para 2025, en lo que será un hecho inédito en la historia republicana del país.

A esta resolución se llegó luego de que a mediados de septiembre, las comisiones económicas del Congreso negaran el monto propuesto por el Gobierno de $523,7 billones. Los políticos alegaron, por ejemplo, la desfinanciación del articulado.

El mismo Gobierno es claro con esto. Del monto total, solo están asegurados $511 billones, mientras que los restantes $11,8 billones se recogerán a través de una nueva propuesta de reforma fiscal.

No obstante, este trámite aún no ha comenzado en el Legislativo y ya que por norma no se pueden realizar modificaciones a las reglas tributarias por decreto, el futuro del nuevo Presupuesto General para 2025 está pendiente del tránsito de esta iniciativa, que aún no tiene a sus coordinadores ponentes.

“El elevado presupuesto de 2025 se encuentra desfinanciado y, aunque se apruebe la ley de financiamiento, un escenario complejo dado que no aprobó el monto del Presupuesto, no se asegura que se recaude lo necesario dadas las actuales condiciones en que se encuentra la economía”, aseguró Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa.

Además de esta coyuntura, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también alertó lo que puede pasarle al Presupuesto General una vez sea emitido por el Gobierno vía decreto. “Cuando el presupuesto es aprobado de esta forma y en este se incluyen las correspondientes disposiciones generales, el Ejecutivo no podría darse facultades así mismo que son de competencia exclusiva del Congreso. En caso de que esto ocurra, podría estar contradiciendo normas constitucionales y legales que pueden generar demandas futuras que busquen tumbar el decreto”, se lee en un estudio reciente sobre la norma.

El recorte que sí vendrá

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Con el panorama político actual, los analistas coinciden en que el escenario más seguro es que el Legislativo niegue la ley de financiamiento, con lo cual el Gobierno sí debe realizar un recorte de gastos el próximo año, tal como sucedió este 2024.

De hecho, la semana pasada, el ministro Bonilla aseguró que el recorte para este año sí se materializará, pero desde el Gobierno están a la espera de considerar si será mayor a los $20 billones iniciales.

Un contexto en el que, quizás anticipándose, el presidente Petro alertó hace algunas semanas que la situación para 2025 “la pagarían los sectores ricos”.

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Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, consideró que este recorte sería mayor a los $11,8 billones de la ley de financiamiento, una norma que por su contenido, calificó de “ser una especie de ‘tiro en el pie’ para la reactivación económica del país”.

Según los cálculos de Fedesarrollo, además de los recursos inciertos de la reforma tributaria, también se deben tomar en cuenta $14,6 billones por concepto de gestión de la Dian, que “tienen poca probabilidad de materializarse”.

También se deben contar otros $7,1 billones por cuenta del bajo recaudo tributario y el déficit que este está generando en las cuentas públicas, en torno a $6,7 billones.

Sumando estas fuentes, el faltante del Presupuesto General de la Nación para el próximo 2025 sería de aproximadamente $33,7 billones, un dato de 1,9% del PIB.

Esta cifra se acerca a los $37,5 billones que deberán ser recortados del Presupuesto General, según los cálculos del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana. Este recorte debe hacerse en línea con el cumplimiento de la regla fiscal para el próximo año.