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El potencial de la mina de sal más grande puede atender la demanda de 70% del total del país, pero opera a 10% de su capacidad
La mina de explotación de sal más grande del país está en el Caribe colombiano, en el departamento de La Guajira. Se trata de Salinas de Manaure, que tiene la capacidad para un millón de toneladas anuales y, según el Banco de La República, esto correspondía a 70% de la capacidad total del país. Sin embargo, la operación se ha visto nublada por la deficiencia en la administración; actualmente opera a 10% de su capacidad.
Salinas de Manaure pasa por una situación crítica y está al borde de la quiebra. La intención del Gobierno de Gustavo Petro es clara desde un inicio: quiere salvar y reactivar la mina de sal, para lo cual se anunció una inversión de $1.800 millones.
El director de La Unidad Solidaria, Mauricio Rodríguez Amaya, aseguró que “esta inversión incluye reactivar la producción de industrial, la planta de lavado, activar el molino salinero, fortalecer, el transporte y la comercialización de la Sal”, dijo Rodríguez.
De hecho, en enero, se realizó la primera mesa institucional para garantizar la intervención integral con enfoque territorial para la recuperación y el fortalecimiento de Sales de Manaure, que estuvo encabezada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad.
La reactivación espera generar 400 empleos y beneficiar a más de 3000 familias de la región. “El Gobierno del Cambio está comprometido con la reactivación industrial turística y comercial de las Salinas de Manaure, de la mano de las Asociaciones indígenas que hoy son dueñas de Sama”, resaltó el funcionario.
Según explicó Saúl Pineda, exviceministro del MinCIT, “el declive de la mina estuvo asociado a una operación ineficiente por parte del estado, dueño de la empresa, que le representó perdidas continuas asociadas a precios poco competitivos, fenómenos crecientes de corrupción y erosión del modelo de negocio como resultado de una relación inadecuada con la comunidad de su entorno”.
Pineda resaltó que “es necesario aprender de la experiencia del pasado para entender que el Estado fracasó en el mantenimiento de esta actividad y, por lo tanto, ofrecer amplio espacio al sector privado en su reactivación, a partir de un trabajo serio y concertado con las comunidades locales, con el fin de que participen sobre una base constructiva y transparente en sus beneficios".
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, señaló que es una decisión importante porque reactiva un escenario productivo y turístico. “Puede ser una fuente de recursos para las comunidades indígenas, así como de atracción turística, lo cual puede generar otras posibilidades de ingresos interesantes y obviamente de producción industrial. Lo importante es que ese esfuerzo perdure en el tiempo y que garantice que las Salinas van a tener funcionamiento”.
El proyecto concesión salina fue creado mediante la Ley 41 de 1968 para proteger la explotación ancestral de la sal por la comunidad Wayuú. En el Instituto de Fomento Industrial (IFI), hoy liquidado, se creó un contrato de administración delegada para continuar la explotación de las salinas nacionales, en el que se asumían todas las funciones y actividades que el Banco de la República desarrollaba como concesionario de la Nación, incluyendo para este fin, la entrega de los bienes afectos a las actividades de administración y explotación de las salinas y las plantas de soda de la Costa Atlántica y de Betania.
En 2002, la Ley 773 creó una sociedad de economía mixta llamada Sociedad Salina Marítima Manaure, conocida como Sama, de la cual el municipio Manaure era dueño de 24%; la Asociación Wayuú Sumain Ichi de 36%; la Asociación Waya Wayúu 30%; y Asocharma 10%.
Para el año 2003, se utilizaba apenas 35% de la capacidad productiva y producía 70% del consumo total nacional. Hacia 2004, se suscribió el contrato de concesión con esta sociedad para un área de extensión de 5.700 hectáreas.
En 2010, no hubo acuerdos claros entre las comunidades y el Estado, lo que conllevó a que Sama se acogiera a la Ley 550, la cual protege a las empresas al borde de la quiebra.
Ya hacia 2014, la compañía contrató como operadora a la compañía venezolana Big Group. Sin embargo, Sama dio por terminado el contrato el 10 de agosto de 2020 por el incumplimiento del mismo. En ese mismo año, Big Group entró en liquidación.
En el marco del proceso de reorganización, en abril de 2021, la Superintendencia se abstuvo de decretar la liquidación judicial de Sama y declaró la falta de jurisdicción para reconocer esa liquidación. La deuda que alcanzaba la compañía rondaba por $30.000 millones.
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