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“Me emociona y me llena de orgullo celebrar junto a ustedes los primeros 50 años de la existencia de Augura”, dijo Santos ese día tras hablar de la importancia que para el país ha tenido este sector de la economía y recordar por los difíciles momentos por los que han tenido que pasar los cultivadores de este producto durante años.
Casi al finalizar el discurso el primer mandatario hizo una corta referencia a la ocupación ilegal de tierras por parte de supuestas víctimas de la violencia quienes pretenden, por la fuerza, que les sean entregados terrenos que están dispuestos para la restitución. Este aspecto lo unió con el derecho a la propiedad privada.
“Quiero ser claro en esto: el régimen de propiedad privada no lo vamos a afectar bajo ninguna circunstancia”, dijo Santos y añadió “a ningún propietario legítimo y de pleno derecho se le va a expropiar o se le va a afectar de manera alguna”.
Y de inmediato señaló “están diciendo que hay algunas invasiones, algunas tierras que están queriendo que pasen al proceso de restitución de tierras”. Desde ese día el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, trabajan en un decreto que será anunciado la próxima semana con el cual si no se despejan los terrenos invadidos, los procesos de restitución no continuarán a delante.
“Señor Ministro (de Agricultura) y señor Superintendente, yo les voy a pedir a ustedes lo siguiente: tierra que esté siendo invadida, tierra que automáticamente sacamos del proceso y judicializamos a los responsables”, les dijo el Presidente a los altos funcionarios, proceso al que se sumó el director de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal.
La misión en este caso es en palabras de Santos “evitar que por las malas se vayan a colar o les vayan a quitar las tierras a sus legítimos dueños”.
Según Jorge Enrique Vélez lo que se quiere con esta norma es evitar que con el pretexto de la restitución se invadan terrenos y fincas. “Prima la ley sobre las vías de hecho”, señala Vélez, para quien es claro que les resulta muy difícil a las personas defenderse con personas en los terrenos en disputa”.
Sólo en Urabá se habla de al menos 20 fincas que están siendo invadidas, aunque oficialmente se tiene razón de siete predios. De la misma manera, el decreto propondrá que para quienes incurran en la ocupación por la fuerza les sea aplicada la ley penal bajo el delito de invasión de propiedad, lo que podría llevarlos a la prisión.
“En estos casos lo que debemos buscar es que las vías de derecho estén por encima de cualquier cosa, y que sean los jueces quienes decidan de quién es la tierra en disputa, y no que sea la fuerza la que se imponga”, señaló el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en diálogo con Colprensa, quien reiteró la importancia que tiene ayudar a las víctimas del conflicto, pero rechazó que se quiera pasar como falsa víctima y así sacar provecho de programas como el de restitución de tierras.
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