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Educación y defensa se llevarían la mayor parte del gasto público de 2019.
A pesar de la cotización del precio del barril del Brent por encima de US$70, la menor inflación en lo corrido del año (+3,20% anual en junio) y el mayor crecimiento de la economía a nivel mundial, el cumplimiento de las metas fiscales del país a mediano plazo todavía requiere de “un gran esfuerzo” de priorización tanto en la programación como en la ejecución del gasto público.
Esta es la conclusión que se extrae de la actualización del Marco de Gasto de Mediano Plazo, un documento Conpes que elaboró el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que se definen los techos de gasto que permitirán al país cumplir la meta de déficit estructural de -1,8% del PIB en 2019, -1,6% en 2020, -1,3% en 2021 y -1% a partir de 2022.
En el texto, al que tuvo acceso LR pero que de momento se encuentra sin aprobación, se establece que la inversión sería una vez más el comodín para el ajuste del cinturón del Gobierno pues este rubro se tendría que reducir 13,9% en el Presupuesto General de la Nación de 2020 al pasar de $33,66 billones e a $28,93 billones.
“El Presupuesto se caracteriza por un gran nivel de rigidez. No hay de dónde recortar puesto que la mayor parte del presupuesto se va para transferencias (14% del PIB en 2017) o para los intereses de deuda interna y externa (2,9% del PIB). De este modo, toca sacar de donde haya un margen, en este caso, de la inversión”, explicó Luis García Echeverría, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana.
De hecho, según este documento Conpes, la programación de los recursos de inversión debería centrarse en atender de manera prioritaria aquellos rubros inflexibles como es el caso de las vigencias futuras, las víctimas o los programas sociales, entre otros.
“Como los gastos de inversión están ligados a las obras públicas, cuando estos se reducen disminuye el crecimiento. Se le quita la palanca para crecer, salvo que esto se compense con el aumento de la inversión privada”, opinó Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá.
En líneas generales, el Gobierno proyecta destinar $191 billones a la suma del funcionamiento y de la inversión para el Presupuesto de 2019, lo que representa un crecimiento de 3,2% frente al de la vigencia anterior.
Según el documento, para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, este monto conjunto tendría alzas consecutivas de 3,1%, 6,4% y 6,7%, respectivamente. Y solo para funcionamiento, la Nación prevé dejar $157,3 billones. Este último rubro crecerá 6,7%, 6,3% y 6,3% en los próximos años.
“Si bien el Gobierno ha venido cumpliendo las metas de déficit fiscal, debe pensar a mediano y largo plazo. Por ello, las metas fiscales a 2019 deben ajustarse. De un lado, para bajar el déficit normal y no perder el grado de inversión y, del otro, para que el estructural pueda llegar a 1% en 2019. Deben ir apuntado desde ahora a cumplir esas metas”, sostuvo García.
En términos de gasto de personal, el documento propuso que para el periodo 2019-2022 no se realizarán nuevos nombramientos, reclasificaciones y modificaciones de planta que impliquen mayores costos a los que estén programados. Y respecto a las transferencias, que estas deberán estar programadas dentro de la restricción fiscal.
En cuanto a los techos sectoriales para 2019, Educación, Defensa, Trabajo, Salud y Hacienda serían los sectores con mayor gasto con $38,2 billones, $33,3 billones, $28,5 billones, $28,4 billones y $14,3 billones, respectivamente.
Por su parte, Inclusión social y reconciliación tendría $10 billones; Transporte contaría con $6,9 billones; la Rama Judicial, con $4,4 billones; la Fiscalía, con $3,9 billones; Vivienda, ciudad y territorio, con $3,7 billones; y Justicia y derecho, con $2,7 billones.
Además, destaca que esta es la primera vez que se tiene planteado en el Presupuesto el rubro para la JEP (Justicia Especial para la Paz), que es de $396.000 millones.
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