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Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación - Colprensa
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Se propone regular el derecho fundamental a la educación, reformar la Ley 30 de 1992, y plantea la creación del duodécimo grado
El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la ministra Aurora Vergara Figueroa, publicó dos borradores de proyecto de reforma a la educación.El primero busca regular el derecho fundamental a la educación y el segundo, reformar la Ley 30 de 1992.
Los dos proyectos que impulsará el Gobierno Nacional en la nueva legislatura del Congreso de la República, que se instalará hoy en el marco del Día de la Independencia, ya están publicados para comentarios.
“Para lograr sacar adelante los proyectos de ley que permitan garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental de todas y todos los colombianos, y modernizar la educación superior garantizando los recursos necesarios para las IES públicas, fomentando la investigación, facilitando el acceso a una educación de calidad y pertinencia en condiciones de equidad, entre otros, es necesario escuchar a todas y todos los colombianos y construir de manera participativa un nuevo modelo educativo para el país, en especial con los jóvenes”, aseguró la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.
El primer borrador de proyecto "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones" costa de 21 artículos con cuatro capítulos diferentes.
En el articulado, el Gobierno Nacional propone crear el grado duodécimo en la educación media. "El Estado consolidará un sistema de articulación entre la educación media y superior que propenda por el acceso progresivo de los estudiantes a esta última, lo que podrá incluir el grado duodécimo (12°)", dice el borrador.
Algunas de las normas que se dictan en el borrador está garantizar el derecho fundamental a la educación, además dice que se aplicará a todos los niveles de la educación así como establecimientos educativos y todos los actores que intervengan en el ejercicio como estudiantes y docentes.
Entre los elementos que se disponen como esenciales para garantizar la educación como derecho fundamental está la disponibilidad o asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad.
El primer elemento esencial busca garantizar recursos financieros y administrativos para construir nuevas instituciones educativas, además de tecnología adecuada y la inversión de recursos.
El segundo elemento del borrador, la accesibilidad, dice que la educación debe estar al alcance de todas las personas de forma progresiva. El proyecto prohíbe restringir el acceso a la educación en ninguna circunstancia, debe ser accesible a todos, debe eliminar barreras de acceso y los servicios administrativos.
En cuanto a la aceptabilidad, el borrador dice que el Estado debe promover y vigilar la calidad de las metodologías y procesos educativos para que resulten pertinentes para la comunidad.
Finalmente, el elemento de adaptabilidad dice que la prestación del servicio de educación debe buscar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, por lo que se debe adaptar a las condiciones del estudiante. Esta parte del borrador prohíbe imponer sancione que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes.
En segundo lugar, el otro borrador, que busca reformar la Ley 30 de 1992, se basa en siete ideas principales. La primera es entender la educación superior como derecho fundamental y bien común.
También plantea la ampliación del acceso a la educación superior con criterios de vulnerabilidad socioeconómica, equidad territorial y poblacional. En tercer lugar, propone el fortalecimiento financiero de las Instituciones de Educación Superior Públicas.
La cuarta idea es el fortalecimiento y revalorización de la formación técnica y tecnológica. Además de Instituciones de Educación Superior al servicio de la Nación y los territorios, la defensa y respeto de la autonomía de las Instituciones de Educación Superior y, finalmente, el Fortalecimiento del bienestar de la comunidad universitaria y permanencia.
El Ministerio de Educación tiene previsto realizar mesas técnicas desde los territorios con los diferentes movimientos estudiantiles para socializar el borrador y abrir espacios de concertación sobre el articulado. Una vez socializado, el Gobierno radicará el articulado en el Congreso de la República para su discusión.
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