Gobierno radicó proyecto para que el presupuesto de regalías llegue a $31,3 billones

En la tarde del lunes, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley de presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024 en el Congreso de la República. Esta iniciativa buscará contar con un monto de $31,3 billones, cifra que equivale a 2,1% del PIB.

Con dicha cifra, se busca darle una mayor capacidad de 'maniobra' a los territorios con el fin que se lleve a cabo -en gran medida- la transición gradual y ordenada hacia la descarbonización de sus economías y la transformación productiva, incluyente, sostenible e intensiva en generación de empleo "que requiere el país de cara a los retos de la agenda 2030", dicta el proyecto.

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La noticia la dio a conocer el ministro de Hacienda y Crédito Público, en cabeza de José Antonio Ocampo, a través de un comunicado. Ocampo también explicó que los recursos del SGR, junto con los que se asignen del Presupuesto General de la Nación, "tienen el reto de apalancar la ejecución de proyectos estratégicos de inversión dentro de altos estándares de eficiencia, que permitan combatir la corrupción y potenciar los efectos benéficos de la inversión pública en aras del bienestar colectivo".

El proyecto de ley asignaría un presupuesto para la inversión de los territorios por $29 billones, de los cuales se espera la siguiente repartición:

• $7,5 billones se asignarían a entidades territoriales productoras y puertos.
• $3,8 billones para los municipios más pobres y contribuirían al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
• $10,1 billones serían asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos. De estos recursos, $6,1 billones serían aprobados directamente por los departamentos.
• $3,0 billones se orientarían a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $600.000 millones deberían ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
• $3,4 billones financiarían, en el marco de una paz total, proyectos que estabilizan y transforman los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PDET, parte de estos recursos ya se encuentran comprometidos en proyectos aprobados en el marco del adelanto ordenado por la constitución.
• $694.000 millones serían asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.
• $299.000 millones se irían para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, este propósito será fortalecido por la inversión de $599.000 millones que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas, así como los $600.000 millones que deberían ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
• Cormagdalena recibiría $150.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.
• Para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,3 billones. Así mismo, $299.000 millones serán para para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.
• También se destinarían$598.000 millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.

De acuerdo con lo indicado por el Ministro, este proyecto de ley favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades.

Se espera que este trámite ante el Congreso de la República se de teniendo en cuenta la perspectiva mundial de una transición energética hacia las energías renovables. Sobre esto, la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, dijo que “el país afronta el reto de usar los recursos del SGR para transitar, de forma gradual y ordenada, hacia la descarbonización de las economías regionales y locales, en línea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), relacionados con la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, sin poner en riesgo su seguridad energética”.

Lo anterior, según el comunicado, implica impulsar una transformación económica liderada por la incorporación del conocimiento en los procesos productivos alineada con la transición energética hacia fuentes renovables, "tal como lo recomiendan los estándares internacionales de organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde)".