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Natalia Gutiérrez, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen)
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En un comunicado Acolgen, Andesco, Andeg, Asocodis dijeron que fijar las tarifas de los servicios públicos era un ejercicio delicado
Ante la solicitud del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al presidente Gustavo Petro, para que le autorice el congelamiento de las tarifas de EPM, los gremios del sector eléctrico reiteraron a través de un comunicado la importancia de que este tipo de peticiones se analicen y tramiten dentro del marco institucional y legal establecido para el efecto.
“Con análisis técnicos y económicos que permitan identificar los impactos de este tipo de medidas sobre los diferentes agentes, es decir empresas, usuarios y gobierno nacional o regional, para que de ninguna manera afecten la calidad y continuidad del servicio de energía, y la suficiencia financiera de las empresas”, afirma el documento firmado por Acolgen, Andesco, Andeg, Asocodis y la Cámara Colombiana de la Energía.
Los gremios del sector de energía apuntaron que las empresas son conscientes de la coyuntura actual y que por eso se dio la construcción y aplicación conjunta del Pacto por la Justicia Tarifaria desde el pasado mes de octubre, para el cual, las empresas aportaron alrededor de $3 billones para mitigar las alzas en las tarifas de energía eléctrica.
Agregando, además, que fijar las tarifas de los servicios públicos es un ejercicio delicado pues debe balancear el ingreso de las empresas, para poder realizar las inversiones requeridas para prestar un servicio confiable y de calidad y, los valores que los usuarios deben pagar, para acceder a un servicio esencial.
Según las entidades para lograr estos objetivos se debe realizar análisis técnicos, económicos y financieros a través de entes técnicos como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en el marco de la Constitución y en virtud de los criterios definidos en la Ley 142 de 1994. “Es importante que cualquier modificación tarifaria respete la intangibilidad de los contratos, sea producto de un amplio análisis y no sacrifique objetivos de largo plazo” afirmaron.
Por otro lado, y frente al hecho de que este tipo de solicitudes responde a una intención de reducir las tarifas de los usuarios de menores recursos, en el comunicado enviado los gremios mencionan que, de acuerdo con el marco normativo vigente, los gobiernos regionales que tienen los recursos económicos, pueden aportarlos para aliviar el pago de estas tarifas a la población más vulnerable.
Finalmente, los gremios y sus empresas afiliadas reiteraron la disposición y voluntad para garantizar un servicio de electricidad asequible, sostenible y confiable para todos los colombianos, realizando los cambios o mejoras requeridos en el marco regulatorio.
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