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Las preguntas de la consulta popular
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Para líderes gremiales y del sector privado, las principales preocupaciones radican en el impacto de la iniciativa en la formalización laboral y en los contratos
Ayer se revelaron las preguntas que irían en la consulta popular. Los temas, que giran en torno a la reforma laboral que se hundió en marzo de 2025, tocan la jornada de trabajo, pagos de dominicales y festivos, eliminación de la tercerización, fortalecimiento del contrato a término indefinido, entre otros.
Líderes gremiales y sindicatos mencionaron que es necesario que se replanteen algunas preguntas, incluso, señalaron que muchas de ellas ya están en la ley. Mientras que algunos actores del sector privado manifestaron su escepticismo en que una ley sobre el papel impacte de manera real sobre el desempleo y la informalidad, aunque también hubo consenso con algunos puntos.
El presidente de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Acopi, Rodolfo Correa, expresó que está de acuerdo con que la jornada laboral dure ocho horas y con el pago de 100% de dominicales, pero dijo que las Mipymes ya cuentan con una legislación que establece tasas preferenciales e incentivos para proyectos productivos, señalando que algunas preguntas tienen un “tinte populista y que no son convenientes”.
“Si las preguntas son loables y necesarias porque son con base en convenios internacionales firmados y fallosde la Corte Constitucional, ¿por qué el Congreso diría que no?”.
“Colombia tiene diferentes estructuras empresariales. Es gracias a ello que pensar que una regla le debe aplicar a todas se convierte en uno de los problemas de esta conversación en lo laboral”.
Frente a medidas como la formalización con un contrato laboral de los aprendices del Sena, Correa expresó que esta medida “desnaturaliza” la relación con los aprendices, y el argumento es que convierte una etapa de aprendizaje en una laboral productiva, lo que para él tiene como consecuencia el “daño a la estabilidad financiera de las empresas”.
“El recargo de 100% en dominicales y festivos genera sobrecostos a las empresas, y esto se deriva en afectación al empleo y la formalización. Lo que hacen las compañías es que al tener un sobrecosto, lo que finalmente va a incrementar son los precios del producto, lo anterior significa que en última instancia, los asume el consumidor final”, afirmó Daniel Mitchell, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos.
El presidente Gustavo Petro señaló que radicará la consulta popular en el Senado de la República el 1º de mayo de 2025. Tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el de Trabajo, Antonio Sanguino, expresaron que una vez radicado el proyecto, el legislativo tendrá 30 días para pronunciarse sobre si lo aprueba o no. Luego tendrá ocho días hábiles para notificar a Presidencia su decisión.
Benedetti enfatizó que el Congreso conoce bien el trámite, haciendo alusión a la consulta popular que en 2018, Claudia López, senadora para ese entonces, llevó a cabo. Y luego enfatizó que este proceso no necesitaría de comisiones o ponentes.
“Si no se pronuncia el Senado, el Presidente tiene los siguientes tres meses para convocar a elecciones”, expresó Benedetti. A lo anterior, el titular de la cartera de Trabajo dijo que si el resultado de la consulta llega a ser positivo para el Gobierno, el Congreso está obligado a expedir la ley de lo aprobado en el periodo siguiente, y si no lo hace, Petro podría expedir el decreto.
“Es absolutamente claro que la consulta, como mandato popular y como expresión de la soberanía popular, es de obligatorio cumplimiento. Primero para el Congreso y luego para el Presidente de la República”. recalcó Sanguino.
El ministro del Interior confirmó que solo se necesita el aval del Congreso para avanzar con la consulta, y agregó que se necesita un umbral de 13,6 millones de votos para que esta pase. Si bien los tiempos no están establecidos de manera detallada, el Gobierno tiene planeado realizar la convocatoria de la consulta entre julio y septiembre de este año.
Lo que dejaron en claro ambos ministros de Estado es que confían en que la consulta salga adelante, y con ella los puntos que dejó la reforma laboral. Aunque no se puntualizaron las cifras de cuánto costaría la elección, según la Registraduría, esta tendría un valor similar al de la pasada elección presidencial, es decir, alrededor de $700.000 millones, aunque Benedetti señaló que el costo sería inferior a $300.000 millones.
“No las tenemos (las mayorías en el Congreso), pero soy optimista. Si las preguntas son loables y son necesarias porque son con base en convenios internacionales y con fallos de la Corte Constitucional, ¿por qué el Congreso diría que no? ¿Por qué unas personas que han sido elegidas popularmente le van a negar al pueblo que pueda votar?”, expresó el ministro.
Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, GEB, expresó que las jornadas laborales y sobrecostos por dominicales que desean establecerse no son un problema para las empresas grandes y solventes, pero sí se convierten en un reto para las empresas pequeñas y medianas, que son la mayoría en el mercado laboral.
“Colombia tiene diferentes estructuras empresariales y pensar que una regla le debe aplicar a todas probablemente es el problema de la conversación”, expresó. Respecto a otros puntos que abordan la creación de un contrato laboral, Ortega señaló que si los costos para un empleador aumentan, la vinculación de los empleadores baja.
“Las empresas no tenemos la capacidad de hacer cosas de forma ilimitada. Estoy de acuerdo en que las personas que trabajan en plataformas de reparto tengan seguridad social, pero la gran pregunta es que tenemos 12 millones de informales, casi 2,5 millones de desempleados y siete u ocho millones de empleos formales, la pregunta es: ¿esto (la consulta) aumenta la informalidad? Hay riesgos de que ese sea el caso”, concluyó.
Para el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, las preguntas son una “fiel copia” de la reforma laboral, y ninguna de ellas solucionaría el desempleo, que según él está en tres millones de personas. Luego dijo que si cada vez que el Gobierno pierda una iniciativa va a llamar a consulta, “el Congreso pierde su razón de ser”.
¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo ocho horas y sea entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.?
La primera pregunta de la consulta plantea un escenario que se aplicaba antes de 2002, y que ha sido una propuesta controvertida por los costos laborales. No obstante, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dijo que esto era un derecho adquirido, y que no va a impactar a las Mipyme. Daniel Mitchel, presidente de Acoplásticos, aseguró que esto no impactará en industrias cuya operación es de 24 horas, ya que en la mayoría de casos se hacen acuerdos con los trabajadores para la remuneración extra.
“Las empresas grandes y solventes no tienen problema con eso, las más afectadas son las pequeñas compañías, teniendo en cuenta que muchas de ellas son sometidas a pagos de extorsión”, dijo Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá.
¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo de 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
Esta pregunta supone un costo adicional para las compañías, y tiene consecuencias directas en varios sectores como el comercio y la industria, lo que podría generar impactos en la formalidad en caso de ser aprobada. “Lo que hacen las empresas es que como eso genera un sobrecosto, pues terminan aumentando el precio de los productos, entonces lo pagan los consumidores”, explicó el presidente de Acoplásticos.
No obstante, hay otros sectores que señalan que se deben evaluar situaciones particulares: “el efecto en el aumento de costos que afectaría con más fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos, que puede alcanzar hasta 30% de sobrecostos, según el tamaño de la empresa”, explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
¿Está de acuerdo con que las Mipyme, preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
En esta pregunta si hay un mayor consenso, sobre todo porque los analistas coinciden que ese es el segmento empresarial que dinamiza la economía, y que tiene el mayor peso en el país. De hecho, estos incentivos permitirían que las Mipyme puedan pagar las prestaciones que exigiría esta consulta popular. “Ellos tendrían que pagar, pero reciben un subsidio, por otra parte, de tal manera que en la suma y en las restas pueden quedar en una posición positiva y considerar atendidos sus reclamos”, dijo el presidente de la CUT.
En contraste, Daniel Mitchell dijo que esto podría frenar el crecimiento de esas compañías. “Considero que el tamaño de la empresa no debe ser un indicativo de que tengan mejores o peores subsidios”.
¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
Esta es una de las preguntas que piden que se replantee, pues en teoría actualmente las empresas otorgan los permisos para que los trabajadores asistan a sus tratamientos, pero desde la perspectiva sindical ven necesario que esto quede plasmado en la ley.
No obstante, la delimitación por el tema menstrual supone un reto, sobre todo para que las incapacidades sean “transparentes” y no una excusa para no cumplir con las labores: “debe existir más rigor y una rendición de cuentas, en el caso de quienes despiden por esos permisos. Ojalá eso no se vuelva un negocio donde la gente pueda pagar para conseguir un certificado que diga que está incapacitado”, sentenció Ortega.
¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
Según Fabio Arias, esta es una medida que no impacta a las Mipyme, por el tamaño de la empresa, lo que las excluye y “protege”, no obstante, esto podría desincentivar la emplebilidad de estas personas, y para las empresas se convertiría en un sobrecosto: “acaba siendo es una contratación obligatoria, de una persona que no puede cumplir con la función que requiere la empresa, o acaba siendo un sobrecosto y eso afecta la competitividad así como los resultados de la empresa y por ende influye en la economía”, dijo Mitchell.
Los empresarios insisten que se debe promover la inserción de estas personas al mercado laboral, pero no obligando a las empresas, lo que también incentivaría la informalidad.
¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del Sena y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
Según Juan Ricardo Ortega, esto es un factor que sí incidiría directamente en las grandes empresas, y que por costos, haría que menos aprendices sean vinculados a las compañías. “Si el costo aumenta al doble, pues vamos a vincular la mitad. Las empresas no tenemos la capacidad de poder hacer cosas de forma ilimitada. La pregunta que se debería hacer es ¿cuál es el beneficio de un aprendiz en cuanto a una oportunidad de crecer y de ganar experiencia?”, sentenció.
Según Acopi, la iniciativa le quitaría la misionalidad al contrato de aprendizaje, dejando que esta sea una etapa realmente formativa, y pase a ser una vinculación laboral sin preparación. “Una medida como esta lo único que hará es daño a la estabilidad financiera de las pequeñas empresas”, dijo el presidente de la agremiación, Rodolfo Correa.
¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice la seguridad social?
Esta pregunta supone una de las discusiones principales de la hundida reforma laboral, y que divide en dos a los analistas, pues unos defienden el modelo mercerizado, y otros dicen que debe garantizarse y formalizarse el vinculo laboral con esos trabajadores. “Imponer modalidades contractuales a este tipo de empresas lo único que hará es perjudicar la innovación y retrasar el desarrollo digital y económico del país”, dijo Correa.
En ese sentido, Juan Ricardo Ortega considera que se debe respaldar la propuesta, pero “si se aprueba habrá menos personas vinculadas a ese mecanismo, pero eso puede que aumente la informalidad. Es un riesgo que este sea el caso, por lo que es un tema que debe analizarse en detalle”.
¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
Desde la CUT aseguran que por las condiciones laborales del campo se aceptó en la discusión de la reforma que algunas prestaciones sociales no se pagarán al 100%, no obstante, algunos consideran que esto sería una ley que se quedaría en el papel, toda vez que plantea otro régimen a un sector que le hace falta reformas de otro tipo.
“Por ejemplo en el Cauca la gente tiene que aceptar lo que le paguen, porque el poder de quienes controlan las oportunidades de empleo es tan grande que aunque lo pongan en una consulta, no cambia nada en la realidad, agregó el presidente del GEB.
¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
Los sindicatos aseguran que no deben quitarel papel de la negociación directa con estas entidades, aunque consideran que el modelo de tercerización debe erradicarse, tal como lo propone otra pregunta. No obstante, las empresas consideran que las discusiones deben hacerse entre el empleador y el empleado, por lo que poner esa “intermediación” sí debe suprimirse.
“Nosotros creemos que se debe sancionar el abuso pero eliminar de tajo la tercerización legal afectaría a la contratación especializada. Muchas Mipymes dependen de esquemas flexibles para sobrevivir. Lo clave es regular, no prohibir”, detalló Correa. Particularmente sobre esta preguntan piden que sea redactada de nuevo, ya que no es muy clara.
¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
Desde la Central Unitaria de Trabajadores aseguran que esta pregunta debería estar integrada con la número siete, pues todos los derechos deberían tener garantizado el acceso a la seguridad social. No obstante, otros sectores aseguran que estos trabajadores ya están vinculados a la seguridad social, pero dependiendo la modalidad o el contrato, se les debe garantizar y verificar el cumplimiento de los pagos de salud y pensión, para que esta población no se quede por fuera del mercado laboral formal.
¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
Uno de los puntos que se abordó en la reforma laboral fue el fortalecimiento del contrato a término indefinido. Tanto para el Ministerio de Trabajo como del Interior, este sería un paso a la formalización y mejoramiento de las condiciones laborales.
Pero Correa expresó que la imposición a los empresarios y empleadores de una modalidad de vinculación laboral “atenta contra los derechos de la libertad de empresa y la libertad económica”. A lo que añadió que este punto pone en “peligro” el desarrollo y la estabilidad del sector privado desde el puntode vista financiero. “Una medida como esta,lo único que va a hacer es aumentar y agravar las cargas económicas para la operación de las pequeñas empresas”, detalló.
¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
El ministro de Trabajo aseguró que 2025 será el lapso en el cual comenzará a regir el nuevo modelo pensional. Para los analistas, esta pregunta está fuera del contexto de las pretensiones del Gobierno con relación a lo que impacta directamente el mercado laboral.
“Esto se sale de la legislación laboral, ya existeun fondo de solidaridad dentro de los aportes pensionales, y la reforma pensional ya pasó y que esto quedó en el proyecto”, dijo Mitchell. Desde Acopi agregaron que esta es una propuesta valiosa desde el punto de vista social, peroque debe tener cuentas claras de financiación, afirmando que el sector empresarial no puede tener esta carga porque “ya está gravado”.
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