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Dentro de las ocasiones donde se habló de default se encuentran relacionadas primordialmente con los escándalos de la Ungrd y la ley de financiamiento.
El Gobierno no salió victorioso del Congreso, pues se dio el rechazo de la segunda reforma tributaria del mandato de Gustavo Petro. El desafío ahora es que el Presupuesto General de la Nación para 2025 debe ser expedido por decreto antes del 30 de diciembre, pero hay un déficit de casi $12 billones respecto al monto anunciado que se buscaba suplir con la ley de financiamiento.
Ante esto, el presidente Gustavo Petro manifestó ayer que la consecuencia de haber hundido la ley de financiamiento dejaría al país “al borde del default, que es la cesación de pagos del Gobierno”. Sin embargo, esta no es la única vez que esta administración manifiesta la posibilidad de no poder cumplir con sus obligaciones de los préstamos adquiridos.
La primera de las 10 ocasiones que se ha hablado de default este año fue el 24 de mayo. En esta ocasión se advirtió de que si no se incrementaba el cupo de endeudamiento, el país podría enfrentarse a una cesación de pagos o verse obligado a decretar una emergencia económica.
A través de su cuenta de X, Petro aclaró que "el proyecto de cupo de endeudamiento no es dinero para el gobierno" y añadió que su administración no ha aumentado el endeudamiento desde que asumió el cargo.
Luego el 18 de junio se volvió a tocar el tema, esta vez con la ampliación del techo de deuda. El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, advirtió sobre el posible default en el que podría incurrir el Gobierno Nacional si no se aprueba la expansión. Según Acosta, Colombia enfrentaría un riesgo significativo de incumplir con los pagos de su deuda pública, lo que agravaría la situación financiera del país.
"Sin la Ley de Endeudamiento, el país estaría abocado a no poder contar con ingresos provenientes del crédito externo que son necesarios para seguir cumpliendo a cabalidad el servicio de la deuda externa. Esta ley es crucial para el funcionamiento del Estado, estaríamos prácticamente ante la imposibilidad de acceder al crédito externo", dijo Acosta en ese momento.
Uno de los escándalo este año fue de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. Cuando se destapó este escándalo, el presidente Petro se pronunció el 19 de julio diciendo que dichas denuncias tenían como fin evitar que se aprobaran las reformas sociales. Además, manifestó que dichos actos de corrupción eran irresponsables con los pagos y se ponía al país en riesgo económico.
"No dudo que tengan cómplices, incluso políticos, pero ni el giro del Ministerio de Hacienda a la Ungrd como a todas las entidades, en los días previos al desastre climático que previmos acertadamente, ni la relación del ministro de Hacienda con la comisión parlamentaria de crédito público que es obligatoria para no caer en cesación de pagos y el colapso económico, muestra una actitud irresponsable", dijo el mandatario.
Para el 24 de septiembre, el Presupuesto General de la Nación ya estaba prácticamente hundido en el Congreso y debido a esto, el presidente manifestó que este se mandaría por decreto ante la posibilidad de un "default artificial".
“Se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso”, posteó el presidente en su cuenta de X. Consideró que hay algo más grave que esta falta de consenso y es que “la comisión interparlamentaria de crédito público no apruebe los pagos de la deuda externa del país mediante la táctica de la inasistencia. Eso lleva a un default artificial, a encarecer la deuda y a una pérdida fiscal incuantificable”.
Luego de casi dos meses, el 13 de noviembre, Gustavo Petro afirmó que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó el debate sobre la reforma tributaria y aseguró que el gobierno tomará medidas para evitar un default.
En su cuenta de X, Petro señaló que algunos actores políticos "priorizan el chantaje contra el gobierno y sus prejuicios sobre el gobierno nacional por encima de los intereses de la estabilidad económica del país".
Ocho días más tarde, el principal mandatario de Colombia dijo que JP Morgan buscaba bajar nota del país por su postura con Palestina y definió esto como un "acorralamiento presupuestal" que podría desencadenar una falta de pago en las deudas.
“En enero de 2024, S&P ya había ajustado la perspectiva de Colombia de estable a negativa, citando riesgos como las débiles perspectivas de inversión y crecimiento y un potencial aumento en el déficit fiscal o en los déficits en cuenta corriente”, afirmó J.P. Morgan.
Los encontrones entre Petro y Efraín Cepeda no pararon el 13 de noviembre, por el contrario, el 29 de noviembre se volvió a dar un altercado donde el presidente manifestó que “nosotros hemos presentado una ley que es de financiamiento, pero al mismo tiempo de reactivación económica, jugando con que más recursos para el Estado también signifique más reactivación económica. Tengo que rechazar la posición del presidente del Senado, que por ser de oposición está poniendo al país en extremo riesgo económico, acercándolo a un default”.
Tras la salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda, el 30 de noviembre Petro expresó su apoyo al exfuncionario y advirtió que ponerle el freno a la ley de financiamiento “nos llevan de frente y con los ojos abiertos, al default, es decir, cesación de pagos”.
Luego de hundirse la reforma tributaria, el presidente Gustavo Petro advirtió la posibilidad de un default, sin embargo, el nuevo ministro de Hacienda manifestó que Colombia seguiría pagando las deudas adquiridas.
“Fue un lapsus. El default no es una posibilidad para la economía colombiana”, recalcó el ministro Diego Guevara, soportando lo que había dicho en el Congreso: "Nosotros hemos sido un Gobierno que ha honrado el compromiso de la deuda".
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